Causa Floreal Avellaneda : los represores ahora callan


Un ex oficial de la policía bonaerense negó toda relación con el secuestro y crimen de Floreal Avellaneda, cometido en abril de 1976. “Nunca salí de la comisaría”, aseguró. Los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, quienes entonces eran máximos jefes de la guarnición militar, no declararon.

Los máximos jefes de la guarnición militar de Campo de Mayo en 1976 se negaron ayer a declarar en el juicio que se les sigue por crimen del joven militante comunista Floreal Avellaneda, de sólo 14 años.

"No voy a declarar", fue la idéntica fórmula que usaron los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García en la segunda audiencia del juicio oral que se les sigue en el tribunal federal de San Martín.

La misma negativa manifestaron los entonces capitán César Fragni y el teniente Raúl Harsich, acusados de haber sido "coautores inmediatos" del crimen como integrantes del grupo de tareas del ejército que funcionó en la Escuela de Infantería de la mayor unidad militar del país.

Un sexto acusado, el oficial de la policía bonaerense Alberto Antelo, fue el único que se prestó a la indagatoria aunque fue para manifestarse "totalmente inocente", al aclarar que "nunca" salió de la comisaría de Villa Martelli.

Los tres generales están acusados de ser "autores mediatos" del secuestro del joven y su madre sobreviviente, Iris Pereyra; de los tomentos aplicados a ambos en la comisaría, donde fueron trasladados en principio, y del asesinato del chico, cuyo cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya desnucado y empalado.

Floreal y su madre fueron secuestrados en abril de 1976 en el domicilio familiar de Munro, donde un grupo de tareas del ejército buscaba al padre del chico, un ex delegado sindical en la automotriz General Motors de igual nombre.

El brutal asesinato del "Negrito" Avellaneda fue conocido ya en el histórico juicio a los comandantes de 1985, donde bajo los números de caso 102 y 1034 fue tenido en cuenta para condenar a Jorge Rafael Videla.

Treinta y tres años más tarde, cinco de los seis acusados se negaron a declarar pero el sexto prefirió recordar que a partir del 24 de marzo la comisaría donde se desempeñaba "fue puesta a disposición de los militares".

Sostuvo que la noche del 15 de abril se desempeñaba como oficial de guardia a cargo de labores administrativas dentro de la comisaría, que se limitaron a tramitar la causa por la detención de un infractor a la ley de juego.

Aneto fue identificado a mediados de los años 80 por la madre del chico Avellaneda y otros testigos en rueda de reconocimiento como el policía con peluca rubia que integraba la patrulla que atacó la casa y los llevó detenidos.

La defensa del policía logró ayer que el tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart obligará a los padres del chico, que son testigos y querellantes a la vez, a abandonar la sala durante su declaración que, pese al olvido total que manifestó en un comienzo", pudo recordar perfectamente que "esa noche comí una milanesa".

En la próxima audiencia que se realizará el lunes 11 de mayo, declararán los padres de Floreal.

Cavallo, a juicio por Walsh y las monjas francesas


El ex marino será juzgado por integrar un grupo de tareas que mató al periodista y desapareció a Leonnie Duquet, Alice Domon y Azucena Villaflor.

Se inicia el juicio oral y público (con las limitaciones impuestas por el TOF5: JUSTICIA YA NO PUEDE TENER ABOGADOS PROPIOS) por la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh y los secuestros y torturas a las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

Fueron rechazadas las oposiciones de la defensa del ex marino y se declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

Ese tribunal tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El represor, oportunamente extraditado desde España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA, el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de 'alto policía'" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.

La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.

"La intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información", y está acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.

Se probó asimismo que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Walsh "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.

Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, se calificaron las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".

MONJAS. En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, esta investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.

"Sérpico" está procesado al igual que los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros; por los hechos registrados en los primeros días de diciembre de 1977 cuando el grupo de tareas de la ESMA secuestró a una decena de personas en la puerta de la Iglesia Santa Cruz, sita en Estados Unidos 3150, de esta Capital.

En esa ocasión fueron privadas de su libertad las religiosas Domon, Duquet, las Madres de Plaza de Mayo María Esther Ballestrino de Careaga y Villaflor, junto a Remo Carlos Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, Patricia Cristina Oviedo y Raquel Bulit.

Se afirma en el auto judicial que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestino de detención con destino incierto".

Además de estas causas elevadas a juicio oral y público Cavallo tiene procesamientos confirmados por otros centenares de hechos y por la apropiación de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su e4scala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", se afirma en los procesamientos.

Se inicia el juicio contra represores de Campo de Mayo

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura argentina, comenzó el 27/04/09, por un único caso: el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda.

Dos ex generales, el entonces jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, su jefe de inteligencia, Fernando Ezequiel Verplaetsen, y otros cuatro represores están imputados por el asesinato del joven Floreal Avellaneda.

Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista, y su madre, Iris Pereyra, fueron secuestrados y torturados durante la dictadura militar.

El cuerpo del joven apareció en 1976 en las costas de Montevideo, un mes después de su secuestro con signos evidentes de tortura.

"Mi hijo sufrió una tortura brutal. Por eso queremos que encarcelen para toda su vida" a los responsables, sostuvo al llegar a los tribunales Iris Pereyra, quien fue liberada en 1978.

Junto a Riveros, que se desempeñó como comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, está acusado el ex general Fernando Ezequiel Verplaetsen, quien ejerció como jefe de inteligencia de la unidad militar.

También están procesados en esta causa el ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García, los ex militares César Fragni y Raúl Harsich, y Alberto Aneto, quien fue el principal de la comisaría de Villa Martelli, donde "El Negrito", como también era conocido Avellaneda, y su madre fueron torturados.

Decenas de activistas de derechos humanos se concentraron frente a los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para exigir castigo para los represores.

Este juicio es el primero de la "megacausa" abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, en las afueras de la capital argentina, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención organizados durante la última dictadura.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas del Ejército que los llevó desde su casa, en la localidad bonaerense de Munro, a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

El secuestro se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

La investigación sobre el asesinato del obispo Enrique Angelelli


Para desenterrar la verdad

El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.

Por Washington Uranga

Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte “accidental” ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del “obispo de los pobres”, a quien los militares habían sentenciado a muerte.

El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.

Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.

Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que “la Iglesia acompaña” la investigación porque “busca llegar a una verdad”. En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, “que no pretenden ser paralelas al proceso judicial”, según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que “cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’”, por lo cual recomendó la exhumación.

Angelelli fue rápidamente reconocido como “mártir” por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama “Comunidad Enrique Angelelli”. Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado “en forma definitiva e incontrovertible” que hubo “homicidio calificado”, considerando de “patraña criminal” la versión de la dictadura sobre el accidente.

Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que “no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”.