Está imputado junto con Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles, delito que el máximo tribunal definió como de lesa humanidad. Ahora el juez Oyarbide podría indagarlo.
A José Martínez de Hoz ya no lo protege ningún indulto. A 27 años del fin de la dictadura, el ideólogo del plan económico que dio sustento al golpe militar del 24 de marzo de 1976 podría terminar sus días en prisión. La Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de los decretos de perdón que en 1990 firmó el ex presidente Carlos Menem y, ahora, el juez federal Norberto Oyarbide tiene vía libre para procesarlo e, incluso, detenerlo. El ex ministro de Economía está imputado, junto con Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles, delito que, según ratificó el máximo tribunal, es de lesa humanidad.
El expediente que investigó el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim se inició el 20 de mayo de 1985 por una investigación realizada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, entonces a cargo de Ricardo Molinas. Por esa denuncia, Martínez de Hoz pasó –por única y última vez– 77 días detenido, pero la causa se cerró cuando Menem perdonó a los imputados, tres de los principales impulsores del terrorismo de Estado.
La investigación se reabrió en 2006 cuando, tras el pedido de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide declaró la nulidad de los decretos 1.002/89 y 2.741 y 2.745/90. En su fallo, el juez consideró que “si bien la privación de la libertad con fines extorsivos de por sí no constituye un delito de lesa humanidad, lo cierto es que en este caso el hecho se enmarca dentro del contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar”.
Federico Gutheim, dueño de la algodonera Sadeco, y su hijo Miguel fueron detenidos el 5 de noviembre de 1976 por un decreto firmado por Videla y su ministro de Interior, Harguindeguy. El argumento: “Consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República”. En nombre de esos falsos intereses, los Gutheim pasaron 5 meses cautivos durante los cuales fueron presionados para concretar una exportación de algodón a Hong Kong, lo que le facilitaba a “Joe”, como le dicen a Martínez de Hoz, el acceso a ese mercado para obtener créditos millonarios.
“Trataremos de ver qué se puede hacer”, habría asegurado el ex ministro en una gira por el país asiático. Pocos días después, ya de regreso en Buenos Aires, los Gutheim fueron detenidos. A partir de una invitación del Ministerio de Economía, los empresarios de Hong Kong vinieron a “negociar” con los Gutheim, que se encontraban detenidos. Tras cinco meses presos en el Departamento de Policía y en la cárcel de Caseros, padre e hijo fueron liberados por otro decreto el 6 de abril de 1977.
En 1988 el entonces fiscal de la causa, Aníbal Ibarra, aseguró que en el expediente está documentado que los funcionarios que visitaron a los Gutheim en prisión lo hicieron “en cumplimiento de instrucciones del entonces ministro de Economía”. Todos estos elementos fueron los que llevaron a Molinas a considerar a Martínez de Hoz el instigador de la detención de los Gutheim.
El fallo que ayer firmó la Corte le permitirá a Oyarbide retomar las pruebas y determinar el rol de Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla en los secuestros extorsivos. Bajo las firmas de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la resolución sostiene que es “obligación del Estado” investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, delitos que son considerados “imprescriptibles”. Los otros tres supremos eligieron el silencio. Carlos Fayt y Enrique Petracchi, por su aval a la constitucionalidad de los indultos menemistas; Carmen Argibay, debido a su mirada sobre “la cosa juzgada”.
En el cuarto piso del exclusivo edificio Kavanagh, el hombre mimado del poder económico espera. Tiene 84 años y varias décadas de intocable sobre su espalda. El caso de dos empresarios víctimas de la dictadura podría ponerlo tras las rejas. Las vueltas del destino.
A José Martínez de Hoz ya no lo protege ningún indulto. A 27 años del fin de la dictadura, el ideólogo del plan económico que dio sustento al golpe militar del 24 de marzo de 1976 podría terminar sus días en prisión. La Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de los decretos de perdón que en 1990 firmó el ex presidente Carlos Menem y, ahora, el juez federal Norberto Oyarbide tiene vía libre para procesarlo e, incluso, detenerlo. El ex ministro de Economía está imputado, junto con Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles, delito que, según ratificó el máximo tribunal, es de lesa humanidad.
El expediente que investigó el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim se inició el 20 de mayo de 1985 por una investigación realizada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, entonces a cargo de Ricardo Molinas. Por esa denuncia, Martínez de Hoz pasó –por única y última vez– 77 días detenido, pero la causa se cerró cuando Menem perdonó a los imputados, tres de los principales impulsores del terrorismo de Estado.
La investigación se reabrió en 2006 cuando, tras el pedido de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide declaró la nulidad de los decretos 1.002/89 y 2.741 y 2.745/90. En su fallo, el juez consideró que “si bien la privación de la libertad con fines extorsivos de por sí no constituye un delito de lesa humanidad, lo cierto es que en este caso el hecho se enmarca dentro del contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar”.
Federico Gutheim, dueño de la algodonera Sadeco, y su hijo Miguel fueron detenidos el 5 de noviembre de 1976 por un decreto firmado por Videla y su ministro de Interior, Harguindeguy. El argumento: “Consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República”. En nombre de esos falsos intereses, los Gutheim pasaron 5 meses cautivos durante los cuales fueron presionados para concretar una exportación de algodón a Hong Kong, lo que le facilitaba a “Joe”, como le dicen a Martínez de Hoz, el acceso a ese mercado para obtener créditos millonarios.
“Trataremos de ver qué se puede hacer”, habría asegurado el ex ministro en una gira por el país asiático. Pocos días después, ya de regreso en Buenos Aires, los Gutheim fueron detenidos. A partir de una invitación del Ministerio de Economía, los empresarios de Hong Kong vinieron a “negociar” con los Gutheim, que se encontraban detenidos. Tras cinco meses presos en el Departamento de Policía y en la cárcel de Caseros, padre e hijo fueron liberados por otro decreto el 6 de abril de 1977.
En 1988 el entonces fiscal de la causa, Aníbal Ibarra, aseguró que en el expediente está documentado que los funcionarios que visitaron a los Gutheim en prisión lo hicieron “en cumplimiento de instrucciones del entonces ministro de Economía”. Todos estos elementos fueron los que llevaron a Molinas a considerar a Martínez de Hoz el instigador de la detención de los Gutheim.
El fallo que ayer firmó la Corte le permitirá a Oyarbide retomar las pruebas y determinar el rol de Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla en los secuestros extorsivos. Bajo las firmas de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la resolución sostiene que es “obligación del Estado” investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, delitos que son considerados “imprescriptibles”. Los otros tres supremos eligieron el silencio. Carlos Fayt y Enrique Petracchi, por su aval a la constitucionalidad de los indultos menemistas; Carmen Argibay, debido a su mirada sobre “la cosa juzgada”.
En el cuarto piso del exclusivo edificio Kavanagh, el hombre mimado del poder económico espera. Tiene 84 años y varias décadas de intocable sobre su espalda. El caso de dos empresarios víctimas de la dictadura podría ponerlo tras las rejas. Las vueltas del destino.
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