El magistrado argentino Otilio Romano, quien huyó a Chile tras ser procesado por 103 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), será sometido a un juicio político con fines de destitución desde el próximo lunes, informaron hoy fuentes judiciales.
El proceso oral y público se realizará en Buenos Aires y será llevado adelante por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Argentina.
Romano, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza, será juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, según la acusación del Consejo de la Magistratura de Argentina.
Las audiencias para presentación de pruebas y testimonios se celebrarán hasta el 25 de noviembre, en tanto que los alegatos de las partes se realizarán en fecha posteriores a fijar.
Romano fue suspendido en sus funciones el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.
Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.
Bento emitió entonces una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.
El proceso oral y público se realizará en Buenos Aires y será llevado adelante por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Argentina.
Romano, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza, será juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, según la acusación del Consejo de la Magistratura de Argentina.
Las audiencias para presentación de pruebas y testimonios se celebrarán hasta el 25 de noviembre, en tanto que los alegatos de las partes se realizarán en fecha posteriores a fijar.
Romano fue suspendido en sus funciones el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.
Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.
Bento emitió entonces una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.
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