El Ministerio de Seguridad siguen pagando salarios a un genocida buscado (¿?)

El Ejecutivo paga para encontrar su paradero y  el prófugo cobra del erario público un ingreso mensual que solventa su clandestinidad. Piden cortar los haberes a un acusado de genocida prófugo hace varios años

Por “inactividad” de la fiscalía se solicita que le dejen de pagar mensualmente a Horacio Rafael Domato,  por quien el Estado ofrece una recompensa de 100.000 pesos  para encontrarlo
 
A través de este escrito presentado por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) se conoció que hace años Horacio Rafael Domatto, prófugo de la justicia, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Formosa , cobra mensualmente sus haberes como retirado de Gendarmerìa Nacional. Lo paradojal del caso es que simultáneamente  al libramiento de su captura  se hace público el ofrecimiento oficial de $100.000 en recompensa para quien acerque datos para dar con su paradero. Para los letrados y organismos defensores de Derechos Humanos, el Ministerio Público, una vez màs, esta vez con su inacción vuelve a favorecer a los imputados. En el escrito de la LADH se menciona la “inacción” sobre unos 16 casos del Departamento Pilcomayo sobre los cuales no se ha ordenado investigación alguna.

En realidad la LADH presentò dos escritos, uno por denegación o retardo de justicia,  y otro sobre el caso Domatto.  Ambos por “inacción”, ya que todavía no se obtuvo respuesta de la presentación de la LADH como querellante y su actuación en la querella en la causa Carrillo efectuada el pasado 5 de diciembre.

En el escrito sobre el represor Domato la LADH solicita “que ante la inactividad del Ministerio Público”,  con habilitación de día y hora “se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, por intermedio de quien corresponda, se ordene la retención de los haberes del represor y torturador prófugo comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, y la notificación a los puestos fronterizos con la República del Paraguay de la constante presencia de ese sujeto”. Agrega además que “conforme las constancias de autos, el prófugo obtuvo un “certificado de supervivencia” en la provincia de Córdoba a efectos de continuar percibiendo su retiro por parte de su fuerza de seguridad. Tal hecho fue informado al Juzgado por la propia fuerza, sin ninguna actividad al respecto por parte del Ministerio Público. Ocurre algo similar respecto de la investigación de la represión ocurrida en el Departamento Pilcomayo, donde nos encontramos con 16 causas paralizadas”. Seguidamente comenta: “No escapará al criterio del señor juez que la continuación en el cobro de su retiro por parte del principal torturador que asolara la Provincia de Formosa durante la dictadura militar que padecimos los argentinos desde 1976, posibilita la continuidad de su condición de prófugo evadiendo así la acción de la justicia. Ello sin perjuicio de las constancias de su reiterado paso a la República del Paraguay por el paso internacional de Clorinda, custodiado por integrantes de su misma fuerza, y su continua presencia en la Provincia de Formosa.

Resulta un contrasentido que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación ofrezca una recompensa de $ 100.000 por la captura del torturador prófugo, y, los responsables de su persecución penal no tomen las medidas conducentes a su detención, posibilitando que anualmente el mismo estado le abone sumas iguales o equivalentes” finaliza el escrito.

Fiscal Cartasegna consagra la impunidad de la tortura

El Fiscal Dr. Fernando Cartasegna, titular de la UFI N º 4 de La Plata, solicitó a la justicia ser apartado de la causa iniciada en octubre de 2010 (IPP 34728-10), sin haber investigado los hechos de torturas denunciados oportunamente por la Comisión por la Memoria y la Defensoría Penal Juvenil N° 16. La brutal golpiza, la práctica de submarino seco y submarino húmedo ejecutados sobre HECTOR ALEJANDRO ALONSO (que tenía en ese momento 17 años), va camino a quedar impune sustentada en la deficiente e inadecuada investigación fiscal.
 
Con motivo de estos hechos, acreditados por peritos judiciales en la causa al momento de hacerse la denuncia, se relevó a los agentes policiales de la Seccional 6° de Tolosa. Se les instruyó sumario administrativo que tampoco avanzó ya que por medio de mecanismos institucionales que encubren los hechos, se deja atado el resultado del sumario interno al resultado de la causa penal. Al no haber imputación del delito por la nula investigación judicial, las medidas administrativas de pases a disponibilidad quedan sin efecto y los agentes vuelven a trabajar sin sanción alguna. De este modo se consagra un circuito de impunidad entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que impide la realización de la justicia.
 
La magnitud del caso motivó la intervención de la Organización Mundial Contra la Tortura (Caso ARG 131010.CC - exp. num. 21.200-28132/10, Ministerio de Justicia, Prov. Buenos Aires, "Solicitud de Intervención de la O.M .C.T.") que solicitó al Estado Nacional, Provincial y Municipal, medidas de protección y de reparación a la víctima, además de una pronta y exhaustiva investigación, apartando del cargo a los funcionarios responsables. No se cumplió con esta solicitud ni hubo asistencia adecuada para Alonso como víctima de torturas de parte de los Poderes Ejecutivo o Judicial. La única que se le brindó provino de la CPM y del Fondo de Asistencia a víctimas de torturas de ONU a través de la ONG de derechos humanos CODESEDH.
A un año y tres meses del aquel hecho el fiscal, pide ser apartado de la investigación argumentando sentirse ofendido por que un denunciante informa a la Procuración el estado de la causa y la ausencia de todo impulso procesal. El pedido de apartamiento ocurre tras no haber realizado ningún acto de prueba de entidad, manteniendo la carátula de "Severidades, vejaciones y /o apremios ilegales", sin citar a nadie a declaración indagatoria. Durante el trámite de esta causa Alonso fue reiteradamente hostigado y perseguido por la policía bonaerense, se fraguaron contra el causas judiciales y se le hicieron allanamientos sin orden judicial o incluso autorizado por la misma fiscalía.El grave retardo judicial y el entorpecimiento de la investigación se reitera en diferentes actuaciones donde se encubre y desnaturalizan estos hechos que son calificados como delitos menores de apremio y vejaciones, para así eludir la calificación de torturas, que implicaría penas más graves para sus autores.

La Fiscalía no sólo no investigó, sino que omitió cumplir con la Resolución 1390 de la Procuración General , las Reglas Básicas sobre investigación de casos de tortura (Protocolo de Estambul) y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 1, 2,5, 6,12), que señalan la obligatoriedad de perseguir y sancionar estos delitos, castigar a sus responsables y asistir a las víctimas.La deficiente actuación judicial demuestra las falencias estructurales de la Provincia de Buenos Aires para investigar y perseguir los casos de torturas.
El Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria , Dr. Roberto F. Cipriano Garcia, manifestó: "Solicitamos al Ministerio Público provincial, el avance urgente de esta causa penal y el cumplimiento de la resolución 1390 para que se profundice la actuación fiscal en todas las causas que investigan delitos cometidos por funcionarios públicos. También reiteramos lo pedido hace tiempo para que se elaboren protocolos de investigación para casos de torturas y que se analice la responsabilidad de estos funcionarios que incumplen con sus deberes funcionales".

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria , Alejandro Mosquera, señaló: "En estos casos el Poder Ejecutivo provincial debe cumplir con lo requerido por los Organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, que reiteradamente han señalado la necesidad de investigar estos delitos y asistir y reparar a sus víctimas. Ademas de las investigaciones judiciales, las investigaciones administrativas deben sancionar de manera contundente a quienes vejaron, torturaron y luego trataron de presionar o chantajear a un pibe. Si no se toman las medidas que corresponden, se invita a repetirlos sobre otros menores y se consagra un circuito de impunidad."

Formosa: el ex fiscal de Estado del genocida Colombo, no piensa renunciar

El ex fiscal de Estado del genocida Colombo, Eduardo Hang aseguró que no tiene pensado renunciar a su cargo de ministro del STJ‏.
"Por el momento no tengo la intención de jubilarme”

El ex fiscal de Estado del genocida Colombo aseguró que no tiene pensado renunciar a su cargo de ministro del STJ
 
El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Manuel Hang, aclaró que no presentó ningún pedido de jubilación ni tiene pensado hacerlo en el corto plazo.

De esta manera Hang contestó el magistrado a las requisitorias de FM Nueva Provincia y echó por tierra las versiones de algunos medios periodísticos que plantearon su posible alejamiento del máximo órgano judicial de la provincia.

"No se de dónde surgieron esas versiones periodísticas. Por el momento no presenté mi pedido de jubilación ni dije nada al respecto. Cada dos o tres meses me quieren jubilar pero esos son comentarios infundados", expresó Hang.

El ministro del STJ comentó que cuando era juez de Cámara pensó en esa posibilidad y hasta presentó algunas documentaciones pero después lo dejó sin efecto y desde que fue nombrado ministro no volvió a plantearse la posibilidad de un retiro.

"Por el momento no tengo la intención de jubilarme. Vamos a ver qué pasa el año próximo, pero mientras el intelecto y el cuerpo me lo permitan voy a seguir en esta función", remarcó el magistrado que tiene más de 40 años de experiencia laboral en la justicia. Ingresó en 1967 hasta noviembre de 1976, después reingresó en el 80 cuando se crearon las cámaras.

Por otra parte, aseguró que la disminución de los ministros de cinco a tres miembros no generó demasiadas complicaciones en la labor que desarrollan. "Por suerte contamos con la buena voluntad de los jueces subrogantes de las cámaras civiles. Tampoco hay muchas disidencias ni dificultades entre los ministros, aunque hay que trabajar un poco más", agregó.

Con respecto a la posible designación de nuevos ministros, dijo que el Superior Tribunal tiene un fundamento de política institucional, que es el de controlar que se cumpla la Constitución de la provincia y la Constitución nacional por lo que lo que deben estar preparados para receptar los nombramientos que la Legislatura decida, tal cual ocurrió siempre.A todo esto, contó que el ministro Héctor Tievas ya presentó su renuncia y el STJ lo envió a la Legislatura. "Lo único que falta es que sea aceptada", sostuvo. Recordemos que Tievas, fue perseguido y detenido por razones políticas durante el terrorismo de Estado, a diferencia de Hang quien ocupó cargos de conducción estratégica.

“El obispado era puente con los represores”

Las pruebas documentales de la complicidad de la justicia y la iglesia en Mar del Plata.
Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que impulsan la acusación en el llamado juicio Base Naval II de Mar del Plata, describieron las pruebas que dan cuenta de la participación civil que cubrió las detenciones ilegales.

 Por Alejandra Dandan

Jueces federales en los centros clandestinos. Las indagatorias a los detenidos-desaparecidos adentro de la Base Naval de Mar del Plata. Los hábeas corpus. Las negativas a los familiares de esos mismos magistrados. El papel de la Iglesia. El Obispado de Mar del Plata como portero y habilitador de entrevistas entre represores y familiares. El Hospital Interzonal. Los médicos que curaban a secuestrados que luego volvían a los centros clandestinos. La “Ciudad Feliz” y las postales que muestran cómo sus instituciones civiles trabajaron mancomunadamente para sostener la dictadura son algunos de los elementos que está revelando el nuevo juicio oral, llamado Base Naval II, que se lleva adelante en Mar del Plata. Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que estuvieron a cargo del juicio por Automotores Orletti en Buenos Aires y ahora siguen el de Mar del Plata, están sorprendidos: dicen que así como en Orletti todo era secreto, todo era “SIDE” y todo se borraba, en Mar del Plata todo fue desmesuradamente abierto. La represión contó con el apoyo de las estructuras civiles como los jueces federales y la Iglesia, y dejaron innumerable cantidad de pruebas escritas en una sociedad donde la existencia de esas condiciones parece explicar por qué los juicios todavía no tienen la visibilidad necesaria.

“A comienzos de año, me preguntaron si veíamos en Orletti la pata de la participación civil, en ese momento la verdad es que no lo veíamos –dice Guillermo Friele–, pero ahora tengo que decir que sí: en Mar del Plata colaboró el Poder Judicial y colaboraron las estructuras civiles mancomunadamente para sostener lo que pasó. Yo soy penalista y estructurado, puedo decir qué pasó, pero necesitaría un sociólogo para que me explique por qué pasó lo que pasó.”

Los datos sobre la relación están surgiendo en el segundo tramo del juicio oral llamado Base Naval II, un circuito de tres centros clandestinos integrados por la Base Naval Mar del Plata, en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos; otro en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y los anexos en el Faro y Prefectura Naval Argentina. En esos ámbitos la Armada trabajó en coordinación con el Ejército. Los fiscales que viajan todas las semanas desde Buenos Aires están sorprendidos no sólo por la dimensión de la participación civil que está mostrando el juicio, sino también por la cantidad de pruebas que la constatan. Como si nadie hubiese buscado el modo de ocultarlo o como si de alguna forma aún hoy esa historia estuviese “normalizada”, instituciones como el Hospital Interzonal, el cementerio municipal, pero también el propio Obispado o las autoridades de los centros clandestinos dejaron sus firmas en documentos en donde reconocieron el paso de algún prisionero, que hoy sirven de prueba.
El presbítero Pérez

Mercedes Soiza Reilly tiene sobre su escritorio copias de los documentos que para la fiscalía acreditan, por ejemplo, que el Obispado de Mar del Plata tuvo relación directa con los detenidos de la base naval. “Varios testigos aseguran haber sido visitados por un capellán”, dice Soiza Reilly, como sucedió con Christian von Wernich en el circuito Camps de la provincia de Buenos Aires. “Pero lo que están demostrando los documentos, fundamentalmente, es que el Obispado funcionó como habilitador de posibles encuentros con los represores: los familiares iban al Obispado a pedir reuniones para tener en la base naval, en el centro clandestino. Y el Obispado autorizaba las reuniones. Siempre firma la misma persona, un presbítero llamado José Pérez. Tiene un sello, pero es del Obispado de Mar del Plata.”

Uno de los documentos a los que se refiere la fiscal es una carta firmada por el “presbítero José Pérez”, entonces canciller y secretario general del Obispado de Mar del Plata, fallecido aparentemente el año pasado. En una hoja fechada el 4 de agosto de 1976, dirigida al “capitán de Navío Juan Carlos Malaguti”, le pide que atienda al padre de un secuestrado que irá a verlo de parte suya: “Saludo con toda la estima al Sr Jefe de la Base Naval de Mar del Plata, capitán de Navío, Dr. Juan Carlos Malaguti –dice–, y molesto su atención para pedirle si puede atender unos minutos al portador, Sr. Valente, padre del muchacho detenido, de quien hablamos el lunes 3. Desea saber dónde se encuentra y si es posible verlo o no. Mucho agradezco lo que pueda hacer en favor de este pedido y con tal motivo le renuevo mi estima y respeto, Mar del Plata 4 de agosto de 1976”.

El hijo del “Sr. Valente” es Ricardo Valente, para entonces secuestrado en la base naval hasta el 15 de agosto de 1976, luego trasladado a distintas comisarías y penales y hoy testigo de la causa. Dos años después, el 15 de septiembre de 1978, otro documento señala la intervención del mismo presbítero Pérez, esta vez en una carta “al coronel Aldo Carlos Máspero, jefe del Ejército”.

En esa ocasión, su firma acompaña el mensaje de los Chueque, padres de otro secuestrado: “De mi mayor consideración y respeto”, dice en la primera línea el padre de Marcos Daniel Chueque. “Solicito al señor coronel tenga a bien concederme una entrevista personal para tratar sobre la desaparición de mi hijo, Marcos Daniel Chueque, caso que ha sido presentado ante usted por el Obispado de Mar del Plata.” La carta firmada por Marcos Chueque e Irene de Chueque termina con las líneas del presbítero: “Certifico que el matrimonio Chueque reside en la dirección anotada. Este caso ha sido traído a este obispado hacia fines de junio del corriente año” (ver foto).

Las denuncias terminaron de presentarse la semana pasada, fecha en la que finalizaron las audiencias de este año. Los fiscales evalúan ahora convocar a representantes del obispado para tomar testimonio.
La ciudad judicial

“La base naval tiene la dimensión de una ciudad, todavía tiene un rol muy activo en la comunidad y, para aquel entonces, era lo mismo”, dice Soiza Reilly. “Los familiares sabían que sus hijos estaban en la base. Iban a ver a las autoridades. O iban a ver a Juan Carlos Guyot, un abogado, civil, que permanecía adentro del centro clandestino y decía: ‘Bueno, su hijo está acá, lo tenemos nosotros’.”

En ese esquema, dice Friele, “hay un detalle que es la colaboración de la Justicia Federal de Mar del Plata: nosotros hemos tenido casos de personas que declararon y contaron cómo les tomaron indagatoria adentro del centro clandestino”. Uno de los jueces que acudía a ver a los secuestrados para tomarles indagatoria encapuchados y engrillados adentro de la base como si los hubiese trasladado el juzgado era González Etcheverría y su secretario, ahora fallecidos. Otra jueza es Ana María Teodori, que primero intervino en algunos casos como defensora de los detenidos y luego ordenó tomarles declaración a dos de ellos –Hector Ferreccio y Graciela Dato– dentro del ESIN. En esas circunstancias, dice Friele, los jueces o sus delegados les levantaban la capucha, los hacían declarar, les sacaban las esposas y los obligaban a firmar.
–¿Dónde están esos jueces en este momento?

–Teodori vive –dice Friele–. Va a entrar como acusada en un proceso que puede llamarse Base Naval III. Después, hay jueces y secretarios que murieron. Las organizaciones están haciendo las denuncias pertinentes y la fiscalía también. Hay otro, llamado (Gustavo) Demarchi, que era el fiscal federal en esa época y está detenido ahora y va a ser juzgado.
–Pero no en esta causa. Sucede lo mismo con Pedro Hooft.

–No en esta causa, pero lo significativo es que el Ejército, siempre colgado al 601, funcionó coordinando las fuerzas represivas de ahí: la base naval, la Prefectura y el ESIN y también la Justicia federal que además eran las personas que contestaban negativamente los recursos de hábeas corpus que presentaban los familiares, y esto se está probando.
–¿Por un lado indagaban a los secuestrados y por otro decían que esas mismas personas no estaban detenidas?

–Uno de los coordinadores de esa acción, que está acusado como de participación secundaria, es Guyot, el abogado de la base, que era el que se ocupaba de ir a ver los hábeas corpus al juzgado federal para saber y dar información a la base.


Registro médico de una violación

Otro eje de trabajo en el juicio es la acusación por violencia sexual porque muchos elementos dan cuenta de cómo la violación fue una de las prácticas sistemáticas en la base naval. Además de testimonios históricos como los de Sara Osatinsky, que contó desde la dictadura cómo eran tratadas en la base naval las embarazadas que luego eran trasladadas a parir a la ESMA, y de los testimonios de los sobrevivientes, en el contexto de la enorme producción de pruebas documentales que están apareciendo en la ciudad, los fiscales encontraron un certificado del Hospital Interzonal de Mar del Plata que revisó a una de las secuestradas, trasladada de urgencia desde el centro clandestino, después de lo que la fiscalía describe como una “brutal violación”. Los médicos escribieron en el informe –que se incorporó como prueba– que la paciente llegó con “un cuadro de hemorragia vaginal” y una “hemorragia a la altura del cuello uterino con coágulo y fractura y fisura del cuello uterino”. Esa persona además declaró por primera vez en el contexto de este juicio, luego de un trabajo largo de acompañamiento del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. “Nunca vamos a ver esto en otro juicio –dice la fiscal–. ¿Una constancia del año ’76 de una detenida, atendida con un abuso sexual comprobado? Jamás aparecieron cosas así.”

Detenido un comisario acusado por delitos de lesa humanidad

El ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura militar, Werfil Herrera, quedó privado de su libertad luego de negarse a declarar ante el juez federal Guillermo Molinari, que investiga varias causas que involucran a exintegrantes de las fuerzas de seguridad en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

Herrera, que la semana pasada fue localizado en la ciudad de Santa Fe, será alojado en la delegación local de la Policía Federal Argentina y la próxima semana será derivado a la cárcel federal ubicada en la localidad de Colonia Pintos, distante a 40 kilómetros al sur de la capital provincial. En la misma unidad carcelaria cumplen prisión perpetua los ex comisarios Tomás Garbi y Ramiro López Velloso, que junto a Musa Azar, alojado en un hospital público, fueron condenados hace dos años por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky.

A juicio la causa por el Arsenal Miguel de Azcuénaga

A Alais le llegó el banquillo

La fiscalía reclamó que sean juzgados 22 acusados de crímenes de lesa humanidad, entre ellos un sacerdote y un escribano, por los casos de 97 víctimas que pasaron por ese centro clandestino, en el que recientemente se encontró una fosa común.

Uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del noroeste argentino es el que funcionó desde 1975 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la provincia de Tucumán. El año próximo serán ventilados en la Justicia los crímenes que allí se cometieron durante la dictadura: la fiscalía tucumana pidió la elevación a juicio oral y público de 22 acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 97 víctimas en ese campo de exterminio del Ejército. El requerimiento fue elaborado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, y solicitado ante el juez federal Daniel Bejas, quien analiza si avanza con el juicio. Entre los enjuiciables se destaca el general retirado Ernesto Arturo Alais, que en abril de 1987, cuando era comandante del II Cuerpo, recibió la orden por parte del entonces presidente Raúl Alfonsín de reprimir la sedición de los “carapintadas” en Semana Santa liderada en Campo de Mayo por Aldo Rico, y nunca llegó a destino con su caravana de tanques con la que había salido de Rosario.

También irían al banquillo el sacerdote y ex capellán militar José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, ex integrante de la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), acusado de torturas seguidas de muerte a, por lo menos, dos mujeres, una de ellas embarazada. Benedicto, de 54 años, había sido trasladado de la cárcel común de Villa Urquiza a un hospital privado, tras un supuesto intento de suicidio. Pero a principios de mes se fugó del lugar y actualmente permanece prófugo.

Los otros 19 acusados son los militares Miguel Alfredo Manuel Paz, Camilo Angel Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Augusto Leonardo Neme, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, además del policía Roberto Heriberto Albornoz.

“La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país”, resaltó la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa provincia. También indicó en la acusación “una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el sur de la provincia (Santa Lucía, Caspinchango, Nueva Baviera) a cargo del Regimiento 19 de Infantería, y a la manera en que las personas secuestradas por los imputados y sus subordinados eran trasladadas desde estas localidades al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico”.

La metodología represiva, según los fiscales, incluía “la ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos (...) dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada de manera masiva por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal”. Los acusadores sostuvieron que “quizá lo más relevante sea, a partir de los impactantes hallazgos de fosas comunes, la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas de las víctimas”. Y consideraron demostrado “que se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ello son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos”.

Por último, solicitaron que “se incluya en el debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el CCD (centro clandestino de detención) Arsenal, visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores”.

Ahora el caso está en manos del juez Bejas, que la semana pasada informó del hallazgo de una fosa con restos de desaparecidos dentro del Arsenal. Se trata del segundo tramo del expediente por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. En un primer juicio ya fue condenado a prisión perpetua el entonces jefe de la policía provincial, Roberto “El Tuerto” Albornoz.

Solo 8 años para ex comisario represor

Una condena con gusto a poco

Se trata de Juan Demetrio Luna, quien tuvo a su cargo la comisaría de Tigre. La Justicia lo consideró “partícipe necesario” de la privación ilegal de la libertad y los tormentos a dos detenidos, uno de ellos aún desaparecido.

 Por Alejandra Dandan

“¿Pero no te das cuenta de que ese hombre tiene la boca caída de la cara? ¿Que nunca en su vida debió haberse reído? ¿Que es como la cara de la maldad?”, lo semblanteó alguien del público. El ex comisario Juan Demetrio Luna estaba ya sentado en la minúscula sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de San Martín. Tras una hora de espera, luego de una invitación fallida a que pronuncie las últimas palabras, el presidente del TOF, Héctor Omar Sagretti, le leyó el veredicto: una condena a ocho años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de dos personas, una de ellas aún desaparecida. La condena dejó sin embargo gusto a poco entre familiares, querellantes y fiscales, que habían pedido entre 15 y 25 años de prisión. Pese a que aún no están los fundamentos, el TOF parece haber seguido la lógica de la condena al comisario Fernando Meneghini, de Escobar –juzgado en el juicio a Luis Abelardo Pa-tti–: la evaluación de la policía como subordinada al Ejército y entonces con una función subsidiaria. La relación de las dos víctimas con el secuestro en la sede de la planta de Ford en Pacheco fue otro de los ejes de la causa.

La comisaría de Tigre fue uno de los centros clandestinos de la dictadura. Ahí fueron a parar secuestrados provenientes especialmente de los astilleros de la zona y los secuestrados de Ford. Luna estuvo a cargo de ese lugar entre junio de 1976 y enero de 1977. Y fue condenado por el secuestro y los tormentos a Victorio Derganz y Carlos José Fateche, levantados el 27 de diciembre de 1976 de la puerta de la planta de Ford.

“Mi hermano no tenía militancia política ni nada, y había ido ahí con el amigo a pedir trabajo”, decía ayer Stella Fateche, la hermana de Carlos. Carlos no tenía trabajo. Derganz, en cambio, había trabajado en Ford y era delegado del gremio madereros de Cominco. Ese día acompañó a su amigo a buscar trabajo a la planta. Cuando llegaron, Derganz pidió una audiencia con Pedro Müller, gerente de manufacturas, ya fallecido, a quien quería ver para recomendar a su amigo. “Les hicieron llenar un formulario y luego personal de seguridad les indicó que estacionaran el Fiat 600 de Fateche”, indicó la reconstrucción para el alegato Mariana Maurer y Rosario Alvarez Garriga, de la Secretaría de Derechos Humanos. Estacionaron. Dos policías bonaerenses les pidieron documentos, revisaron el auto y les anunciaron que iban a quedar demorados.

Quedó probado que desde el interior de la fábrica se les acercó un camión del Ejército. Que luego los llevaron al parque recreativo y después fueron trasladados en un patrullero a la comisaría de Tigre. Derganz, liberado tras 27 días de secuestro, siempre declaró que en la comisaría también estaba Carlitos, a quien reconoció por su voz. Los dos fueron sometidos a tormentos. Fateche sigue desaparecido.

En la sala de audiencias se sentó Celia Buciga, la madre de Carlos, de casi ochenta años, que no dejó de mirar a los ojos a Luna como lo hizo desde el 22 de noviembre, cuando comenzaron las audiencias. “Cada vez que lo miro fijo, él termina bajando la mirada –dice–. Eso sí, pero nunca un saludo.” Celia conoció a Luna en el ’76, mientras buscaba a su hijo. Fue varias veces a la comisaría donde ella misma encontró estacionado el Fiat y una de sus hijas oyó a un policía decir: “Estas son las ropas de Fateche”. Cada vez que ella, sin embargo, le preguntaba por su hijo, el comisario negaba que estuviera en ese lugar. Llegó al juicio convencida de que a lo mejor todavía podía decirle algo. “Yo esperaba algo de todo esto –dice–. Que él me diga que mi hijo está muerto, fallecido, pero nada de nada, como si se lo hubiera tragado la tierra.”

Al lado de Celia se sentaron su hija, Stella, y dos de sus nietos. Iris, la madre del Negrito Floreal Avellaneda, ocupó uno de los extremos de la sala y fue la primera que pudo decir algo para romper el insoportable silencio después de las sentencias: “¡Qué vergüenza! ¡La verdad que es una lástima!”. Y alguien entonces cantó: “Como a los nazis les va a pasar...”

El TOF entregará los fundamentos el 30 de diciembre, y eso permitirá una mayor comprensión de la sentencia. De momento, hubo una evaluación en la que coincidieron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos; Pedro Dinari, de Familiares de Desaparecidos, y el fiscal Marcelo García Berro. Por un lado, todos subrayaron la importancia de una nueva condena en el proceso más amplio de memoria, verdad y justicia a un comisario como Luna que no tenía hasta ahora ninguna condena y con una situación procesal que estaba al límite de todos los tiempos. Sin embargo, criticaron la evaluación del tribunal sobre el papel de la policía y leyeron el fallo en relación al de Meneghini. Como en aquel caso, la fiscalía y las querellas acusaron a Luna como “autor mediato”, pero los jueces lo condenaron “como partícipe necesario”. “Con Meneghini no nos pareció tan grave, pero ahora habrá que empezar a analizarlo”, dijo Dinari.

El otro tema de la causa es la relación de Ford con la dictadura. La megacausa de Campo de Mayo tiene un tramo del expediente por Ford elevado a juicio oral. El único acusado de ese tramo es un militar, Omar Riveros. El juez de primera instancia y la fiscalía se negaron hasta ahora a imputar a los civiles, explicaron  Maurer y Alvarez Garriga.

“Está absolutamente probada la complicidad de los civiles de Ford con el Ejército –dicen–. Por el campo recreativo de la Ford pasaron detenidos los trabajadores considerados molestos por la empresa. Los querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos nos hemos cansado de pedir que se investigue la responsabilidad civil. Es una empresa privada que marcaba a sus propios trabajadores y los militares los iban a secuestrar y los torturaban. Hay antecedentes de este tipo de responsabilidades en el derecho internacional, incluso en Nüremberg.”

En la puerta del juzgado, las demandas quedaron escritas en una bandera. “Delegados sobrevivientes del terrorismo cívico militar de Ford Motor Argentina, secuestrados y torturados dentro de la fábrica. Memoria, verdad, Justicia!”

Liberaron al represor Kelly del Moral



Se trata de uno de los imputados en la causa Área Gualeguaychú, por la cual se iniciará el juicio oral y público el 21 de marzo en Paraná.
 
Kelly del Moral estuvo prófugo de la Justicia.

El Tribunal Oral Federal de Paraná concedió la excarcelación al ex jefe de sección del Regimiento de Gualeguaychú, Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral, acusado por delitos de lesa humanidad y específicamente por haber aplicado torturas a ex detenidos políticos.

El militar se encontraba detenido en una dependencia de Capital Federal y había estado prófugo de la justicia durante varios meses, por lo cual llegó a ofrecerse una recompensa de 100.000 pesos para su captura.

La liberación fue adoptada por los vocales Lilia Carnero -como presidenta del cuerpo- y Roberto López Arango, quienes consideraron que no existía “riesgo procesal” al otorgarse la excarcelación, pese a que ya está determinado que el 21 de marzo próximo comenzará el juicio oral y público, donde uno de los acusados es Kelly del Moral. El principal imputado es el ex ministro del Interior del gobierno militar, Albano Harguindeguy.
 
“Kelly del Moral era uno de los militares que me caminaba por arriba del cuerpo cuando a la vez me torturaba”. La frase es de un ex preso político del sur entrerriano y consta en el grueso expediente que se tramitó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la denominada causa “Area Gualeguaychú”, cuyo juzgamiento comenzará en marzo próximo. Ese mismo personaje, que estaba detenido en una dependencia militar de Capital Federal, fue excarcelado en la tarde del martes, después de la decisión del Tribunal Oral Federal, publicó el sitio Análisis Digital.

Fue uno de los protagonistas macabros de Campo de Mayo, donde existió el más grande de los centros de detención y exterminio de las Fuerzas Armadas en la última dictadura (llegaron a existir unos 5000 detenidos políticos) y fue el primer destino que tuvo como hombre del Ejército Argentino. Al tiempo fue trasladado al Regimiento de Gualeguaychú, destacamento de Exploración Caballería Blindada 12, donde, según los ex detenidos, participaba personalmente de las sesiones de tortura que se concretaban en la misma unidad militar, como así también en lugares cercanos a ella, en especial en campos de la zona, perteneciente a algunos “amigos”.


Kelly del Moral estuvo prófugo de la justicia federal desde el 5 de marzo de 2010, cuando se emitió su pedido de captura nacional, hasta el 14 de octubre del mismo año, cuando se presentó espontáneamente en el Juzgado federal de Concepción del Uruguay.  Siempre dijo que no estuvo fugado, sino que hubo un error administrativo.

Nuevo juicio a Videla

Videla enfrentará un nuevo juicio

El juez federal de Chubut, Hugo Sastre, procesó al dictador Jorge Rafael Videla y al exoficial del Ejército Carlos Alberto Barbot por el secuestro y desaparición de Elvio Ángel Bel, militante del Partido Comunista en Trelew. El juez los consideró partícipes necesarios, aunque declaró la falta de mérito de seis policías retirados.

El juez le imputó a Videla su participación necesaria "por cooperación en el delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por ser cometida con amenazas en concurso ideal con privación ilegal de la libertad doblemente agravada". En similares términos le imputó el delito a Barbot, por haber sido el oficial del Ejército que aplicó en la zona el plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas que incluyó a Bel.

En la misma resolución, Sastre dictó la falta de mérito para Delfín Heriberto Rodríguez Watson, Mariano Héctor Iralde, Hernán Alvaro Hermelo, Jorge Angel Dentone, Juan Alberto Bastida y Tito Nichols; todos policías retirados y ex cuadros militares.

Bel era un militante del PC que ejercía su actividad comercial en un local ubicado en pleno centro de Trelew, de donde fue secuestrado entre las 20.30 y las 21 del 5 de noviembre de 1976 por un comando de por lo menos seis personas. El militante del PC fue secuestrado junto con su hijo Pablo Manuel, de ocho meses, quien fue dejado a unos obreros que trabajaban en una pasteurizadora en el acceso sur de Trelew con un cartel en el que constaba la dirección para que sea restituido a su madre, Hilda Fredes.

Desde ese momento no se supo más nada de Bel aunque, según la resolución del juez Sastre, "se sospecha que fue trasladado a la base Almirante Zar (de la Armada), dado que en ese mismo día y hora Sergio Armando Maida y Liliana Toiberman fueron ilegalmente privados de su libertad" y llevados a esa guarnición.

"Cabe destacar que mientras se producía el hecho descripto, que tuvo como víctima al mencionado Bel, la comisaría distrito primera permaneció con las puertas cerradas al igual que la seccional segunda, por lo que la esposa no pudo radicar la denuncia correspondiente recién hasta el día siguiente", indica uno de los párrafos de la setencia de Sastre.

Por ese motivo, la Fiscalía había solicitado el procesamiento de los policías en funciones bajo la figura de asociación ilícita. El fiscal Fernando Gelves interpretó que además de existir una "zona liberada para que actúen impunemente los grupos de tareas", integrantes de la fuerza participaron del operativo en el que fue secuestrada la víctima. El pedido fue desestimado por el juez Sastre y se espera que sea apelado.

En el documento del procesamiento aún no queda claro el derrotero que siguió el auto que trasladó a Bel y cuyo último contacto es en la planta lechera ubicada a las afueras de la ciudad de Trelew. "Es cierto que se llega a un punto en el que no se puede avanzar más, pero desde el punto de vista penal hemos dado un paso importante si se tiene en cuenta lo poco y nada que se había hecho hasta ahora para investigar el caso", explicó el secretario penal Gustavo Lleral.

Al represor Olivera le dan permiso para viajar para las fiestas de fin de año (¿?)

San Juan.- El juicio que se le sigue a cinco represores durante la pasada dictadura militar en San Juan, podría terminar el año sin dos de los imputados, ya que uno está internado y a otro le dieron permiso para viajar.
 
Según informó el Tribunal Oral de San Juan ayer, el juicio contra Jorge Olivera, Osvaldo Benito Martell, Daniel Gómez, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, las audiencias se suspendieron hasta la última semana del año, ya que se escucharán testimonios los días 27 y 28 de diciembre, para pasar luego a un cuarto intermedio hasta febrero, debido a la feria judicial.
Pero en esas dos audiencias, el principal acusado, que es el teniente Jorge Olivera, no estará presente, ya que los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, le dieron permiso para viajar a Buenos Aires la semana que viene a fin de recibir visitas de familiares en una unidad penal de la Capital, con motivo de las fiestas de fin de año.
Además, los jueces aún no cuentan con un informe del forense respecto a la salud del imputado Horacio Nieto, que el martes por la madrugada, debió ser internado en la Unidad Coronaria del Hospital Rawson debido a una descompensación.
Ayer en la sede del tribunal se especulaba con que posiblemente el resultado de la pericia del forense le permita zafar a Nieto del proceso judicial, tal como ocurrió con el general Luciano Benjamín Menéndez al comienzo del proceso, cuando fue apartado por los jueces debido a un informe forense que decía que por su estado de salud, no podría resistir un proceso judicial “en ninguna de sus formas”.
Nieto está acusado de participar del enfrentamiento con el militante montonero Daniel Russo en la esquina de Pedro de Valdivia y General Acha, al día siguiente del secuestro de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.
Ayer en la audiencia se debatió acerca de un acta de la policía que aparece firmada por Nieto, pero sobre la que la defensa impugnó la firma y pidió una pericia caligráfica, lo que fue denegado por los jueces del Tribunal.
Esto ocurrió mientras declaraba el dirigente de la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos Eloy Camus, que ayer completó las cuatro jornadas declarando, convirtiéndose así en la persona cuya declaración, mas horas insumió a pesar de no haber estado detenido, ni haber sufrido torturas y ni haber sido testigo de las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en el Penal de Chimbas, el RIM 22 y los centros clandestinos de detención de la Marquesita y la ex Legislatura Provincial.

Abogado
La última jornada de la semana se completó con el testimonio del abogado Carlos Bula, ex apoderado del Partido Comunista, que fue quien en 1985 realizó la denuncia por la muerte de quien en aquel entonces era el secretario general del PC en San Juan, Alberto Carvajal, de quien se sospecha que murió durante una sesión de torturas el 18 de agosto de 1977 en el Penal de Chimbas, pero cuyo fallecimiento fue encubierto colgándolo de un pullover, una media y un cordón de zapatos en la reja de su celda, para que pareciera un suicidio.
Carvajal estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo y procesado por infracción a la Ley 21.323 que en aquel entonces dispuso la suspensión de la actividad política.
Según Bula, su presentación ante el Juzgado Federal y luego ante la CONADEP en Buenos Aires, se basó en el testimonio de “el polaco Moroy”, un detenido político que sostiene que utilizando un espejo miraba desde su celda los movimientos del Pabellón 6 donde estaban los detenidos políticos en el Penal y que aquella noche vio como trajeron de vuelta de la sala de torturas a Carvajal, desvanecido o muerto y que horas mas tarde se dio aviso de que se había suicidado.

Juez destituido... que sigan hay más cómplices de los genocidas

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EXPULSO AL CAMARISTA MENDOCINO Y LA JUSTICIA ORDENO SU DETENCION
Otilio Romano, destituido por unanimidad

Refugiado en Chile para evitar el juicio político, Romano fue separado del cargo por “haber omitido” las denuncias de tormentos e investigar secuestros y desapariciones.

 Por Irina Hauser

“No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, leyó con nitidez el secretario del Jurado de Enjuiciamiento. La destitución del camarista mendocino, que está prófugo, fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura. Apenas se oficializó la remoción, el juez Walter Bento ordenó la captura internacional de Romano en la causa en la que está procesado como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad. Hasta el fin de semana pasado la Justicia tenía datos de que seguía en Chile.

Romano se tomó un avión un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. El Jurado, que preside la jueza Alicia Noli, guarda casi como una pieza de colección un papel de la empresa LAN, que confirmaba que había volado el 24 de agosto, prueba de lo más insólita para un juez: escaparse a la hora de rendir cuentas ante la Justicia, lo que según el tribunal “refuerza la convicción” de expulsarlo. Romano, en rigor, había hecho de todo para evitar el juicio, que logró frenar casi un año con una medida cautelar de un juez ad hoc.

El proceso de destitución se puede hacer en ausencia. El juicio penal, no. Y como el fiscal Omar Palermo y el juez Bento consideran a Romano en rebeldía, ayer mismo activaron la orden de detención, enviada a Interpol, supeditada a la pérdida de sus fueros. Romano había pedido asilo político al gobierno chileno, una salida improbable para acusados de delitos de lesa humanidad. Si ahora lo encuentran, la lógica es que quede detenido y sea sometido a un juicio de extradición.

A falta del acusado, estaba su cara multiplicada en cartelitos sostenidos por varillas que empuñaban militantes de H.I.J.O.S. “Genocida Judicial”, “Te llegó la hora de la justicia”, “103 razones para ir preso”, se leía. El grupo estalló en una ovación cuando se escuchó la frase que anunciaba la decisión de “remover al señor juez” por “mal desempeño”. El secretario leyó una novedosa declaración de principios: “Las conductas relacionadas con la violación de derechos humanos merecen el más vigoroso repudio de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por atentar contra valores humanos fundamentales”.

La sentencia dice que en tiempos de la “brutal persecución de grupos armados, ya sean policiales, militares o paramilitares acaecida entre los años 1975 y 1976”, “Romano desempeñó sus funciones de fiscal federal en una abultada cantidad de casos y, paradójicamente, cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes, que sin requerírseles actos de arrojo o de peligro para sus vidas, se les exigía la valentía de actuar con firmeza y sobre todo rectitud en su conducta procesal, él desdeñaba reiteradamente los reclamos, denuncias y hasta clamores de los detenidos en función de aquellas leyes de seguridad nacional o los de sus familiares, así como los de tantos otros de los que jamás se supo su paradero y destino”.

Los testimonios de las víctimas, destaca el fallo, dieron “una vívida muestra del período de ignominia”. En los centros de detención, dice, como el Departamento de Policía (D2) de Mendoza, se “extraía mediante amenazas” y “torturas las declaraciones y confesiones” que “eran utilizadas posteriormente en sedes judiciales como presunción o prueba en contra de los imputados”. Se les aplicaba la llamada “ley antisubversiva” y la de seguridad nacional.

Hubo testigos, como Luz Faingold y Luis Toledo, que denunciaron haber sido visitados por Romano en sus celdas. Luz tenía 17 años cuando fue llevada al D2, donde también fue atacada sexualmente. Romano y el destituido juez Luis Miret negaban la restitución a sus padres, que la reclamaban. Su novio León Glogowsky contó cómo la escuchaba implorar en el calabozo vecino que dejaran de violarla. Aseguró que denunció las torturas de todos los detenidos, sin ningún eco. Lo mismo contaron abogados de presos en aquellas circunstancias a quienes el jury les dedicó un párrafo especial, donde mostró cómo los terminaban secuestrando y acusando de lo mismo que a sus defendidos.

“El acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones”, “en función de la Ley 20.840 (o “antisubversiva”), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos” denunciados en “forma directa” y con “detalles” ante él, incluso durante las indagatorias. “Incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia”, dice la sentencia.

La acusación original de los consejeros Hernán Ordiales (del Poder Ejecutivo) y Carlos “Cuto” Moreno (FpV) fue avalada en su mayor parte, y unos pocos cargos rechazados. Sobre un planteo de la defensora oficial, Fabiana León, el jurado aclaró que si Romano fue ascendido en 1994 es porque no se conocía su papel en la dictadura.

Los grandes impulsores del juicio a Romano fueron los organismos de derechos humanos de Mendoza, en especial el Movimiento Ecuménico (MEDH). Hace algunos años intentaban descifrar por qué allí no avanzaban las causas por crímenes dictatoriales. Hasta que advirtieron que el problema estaba en la Cámara, con los jueces que habían actuado en el terrorismo de Estado y otros que en democracia fallaban a favor de los represores y de sus propios colegas que comenzaban a ser cuestionados como colaboracionistas. A comienzos de este año fue destituido Miret. Ahora avanzan denuncias contra Julio Petra, acusado de haber intentado ayudar a Romano con maniobras judiciales y de liberar a militares en masa.

Formosa. Causa por Crimenes de lesa humanidad demorada desde 1984

Juan Carlos Colombo ex gobernador de Formosa, acusado por crímenes de lesa humanidad
Nuevo impulso para querellantes formoseños en favor de la activación de una mega causa iniciada en 1984, que sigue demorada y aún quedan 12 imputados por juzgar.

En la causa madre en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad en Formosa, caratulada “Carrillo Fausto Augusto y otros s/desaparición forzada”, se presentó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), tradicional organismo defensora de derechos humanos, fundada en 1937, y miembro cofundador de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Frente a las trabas, beneficios, demoras y chicanas jurídicas a favor de los imputados por aberrantes crímenes cometidos en Formosa (todos los cuales gozan de libertad ambulatoria a pesar de la condena de su jefe el ex gobernador Colombo por los crímenes cometidos bajo sus órdenes), la incorporación de esta institución pionera en la defensa de las víctimas del terrorismo de estado, y que actualmente ya actúa como querellante en diversos juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellas las causas “Suarez Mason”, “Margarita Belén”, y “Almirón Sena”, configura una inyección de nuevas energías para superar la pesada empresa de investigar el pasado de una dictadura íntimamente ligada a sectores civiles que se resisten a perder los privilegios incrementados bajo su imperio.

Los principios esenciales de Memoria, Verdad y Justicia, exigen que se investiguen todos los hechos denunciados, aspecto en el cual el Juzgado Federal de Formosa y en especial la Fiscalía, ostentan una llamativa morosidad, incluida la no persecución penal de apropiaciones de menores con supresión de identidad y sistemáticas violaciones y delitos de índole sexual, y la elevación a juicio en forma exasperantemente parcial, lo cual constituye un agravio a los testigos que se ven obligados a relatar reiteradamente ante sus verdugos, los padecimientos sufridos.

Los crímenes de lesa humanidad que se investigan en Formosa, son de tal gravedad, extorsiones, desapariciones forzadas, privaciones ilegítimas de libertad, torturas, violaciones y abusos sexuales, supresión de identidad, asociación ilícita, etc., que afecta la conciencia formoseña tanta impunidad. “Este nuevo “espaldarazo” a la querella con un organismo no gubernamental de estructuración nacional y sólidas vinculaciones internacionales configura un aporte significativo”, expresaron varios testigos y víctimas de la causa Carrillo, “para recuperar la memoria colectiva, encontrar la verdad, hacer justicia, y profundizar las estrategias contra los promotores de la impunidad”.

Palomitas II: condenan a Guil y lo mandan a cárcel común

El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó ayer a reclusión perpetua al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por su participación en la Masacre de Palomitas, el fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976 por miembros del Ejército y de la Policía provincial.

El magistrado dispuso que Guil debe cumplir esta sentencia como cualquier condenado común: en un establecimiento penitenciario, por lo que ordenó su “inmediata detención”, lo que se practicó al mediodía. El ex hombre fuerte de la Policía salteña fue enviado enseguida a la cárcel federal de Güemes.

Guil y Menéndez fueron condenados como autores mediatos de los homicidios doblemente calificados, por alevosía y por el número de personas que participaron, de los 11 presos políticos que estaban alojados en la cárcel de Villa Las Rosas y fueron asesinados en las cercanías de la localidad de Palomitas.

Además, el juez condenó a veinte años de prisión al ex policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario Provincial Juan Carlos Alzugaray, en su caso como partícipe secundario de los homicidios calificados. Tanto Menéndez como Alzugaray, ambos en delicado estado de salud, seguirán con el beneficio de la prisión domiciliaria.

La novedad fue dada a conocer a las partes al mediodía de la víspera. Como se trata de un procedimiento escrito (se rige por el antiguo código de procedimientos en material criminal), se informó por la simple vía de la notificación.

Por la tarde, familiares de las víctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos y abogados querellantes dieron una conferencia de prensa. El hecho más destacado por todos fue la decisión del juez de detener a Guil, algo poco común para la generalidad de los magistrados salteños. “Es un día histórico”, afirmó Nora Leonard, hermana y cuñada respectivamente de Celia Leonard y Benjamín Avila, muertos en Palomitas, una de las que destacó la acción del juez Bavio. También los abogados David Leiva, Tania Kiriaco y Martín Avila pusieron énfasis en esta decisión.

De hecho solo dos jueces se atrevieron antes a ordenar la detención de Guil: la abogada jujeña Gladis Comas y el ex juez federal Abel Cornejo. Guil fue condenado en octubre pasado por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Parece que el ahora convicto por doble partida no se sentía realmente detenido permaneciendo en su casa de Villa San Lorenzo: fuentes extraoficiales comentaban ayer que cuando se le notificó que tenía que ir a la cárcel llamó a su abogado: “Me están deteniendo, me están deteniendo”, lo urgió.

Para tomar esta decisión el juez tuvo en cuenta los pedidos del fiscal Domingo Batule y de los querellantes. El magistrado hizo una interpretación restrictiva de la prisión domiciliaria, recordó que es facultativa del juez. “La injusticia de un proceder de concesión automática importaría –por sobre todo en casos de inusitada gravedad y exhorbitante trascendencia como el que nos ocupa en el que incluso se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado por su deber de garantía al que se comprometió- a más de una aberración que ofende el sentido mismo de lo que es justo y el interés general en s u afianzamiento, una aplicación irracional de la norma al reconocer que existen derechos absolutos, lo que no es más que una concepción antisocial”, afirmó Bavio.

Esta es la segunda condena que se conoce en la causa Palomitas. La primera se dictó en diciembre de 2010, contra los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, y Hugo César Espeche.

La investigación de este hecho prosigue: ya está abierta la causa conocida como Palomitas III, en la que los querellantes han solicitado la indagatoria de tres ex miembros del Servicio Penitenciario Provincial, Napoleón Soberón, Nicolás Oliva y Eduardo Carrizo, y del militar Joaquín Cornejo Alemán. En este proceso está también imputado el ex juez Ricardo Lona.

Perpetua para Albornoz, mano derecha de Bussi

Condenaron en Tucumán al represor Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz
Perpetua para la mano derecha de Bussi

El ex policía tucumano fue juzgado por los secuestros y homicidios de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss de Tello. Hubo quejas porque el represor, que acumula tres condenas, tiene el beneficio de la prisión domiciliaria.

 Por Diego Martínez

Roberto Heriberto Albornoz, alias Tuerto, ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) de la policía de Tucumán durante la dictadura, fue condenado ayer a la pena de prisión perpetua por el secuestro y homicidio de los militantes montoneros Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss de Tello en 1976. Tanto familiares de las víctimas como organismos de derechos humanos y el fiscal Leopoldo Peralta Palma celebraron el fallo, pero repudiaron el beneficio de la prisión domiciliaria para Albornoz, que acumula tres condenas. “Sentimos un profundo desagrado por el arresto domiciliario, ya que se trata de un ser perverso que estará muy cómodo en su casa mientras nuestros hijos no están con no-sotros”, resumió Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán.

Carlos Tello y su esposa Margarita vivían en Mendoza pero, perseguidos por la Triple A, se radicaron en Tucumán. El operativo fue el 12 de julio de 1976. “Azizita”, como le decía su familia, llegó a su casa con su hija Mariana Eva, de nueve meses. “Cuando vio el operativo del Ejército y la policía, mi madre empezó a retroceder tratando de protegerme y fue inmediatamente acribillada por ráfagas de ametralladora”, declaró la semana pasada Mariana, que estuvo dos meses secuestrada y que hace quince años milita en Hijos Córdoba. Tello llegó a la casa a la noche, pudo burlar a la policía y sobrevivió “durmiendo en cualquier parte”, recordó a su turno. Por gestiones de su suegro, diez días después pudieron recuperar el cuerpo de Margarita, que fue enterrado en Jujuy.

El correntino Aguirre, militante peronista surgido de grupos católicos, maestro, padre de cuatro hijos, estaba en la casa de Tello y fue secuestrado con otros militantes. Una vecina vio cuando los cargaban en un camión, encapuchados. Sus restos fueron identificados 33 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense y en febrero de 2010 fueron inhumados en su ciudad, Goya. Su hija Liliana, jueza civil y comercial de Goya, recordó al declarar que “después de la muerte de papá, en casa nunca más se lo nombró hasta la vuelta de la democracia”. La noticia de la muerte fue en realidad un comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército sobre un “enfrentamiento” en el que “cayeron abatidos los subversivos”.

Ayer a las diez de la mañana el Tribunal Oral Federal de Tucumán invitó a Albornoz a decir sus últimas palabras. “No me encuentro con ánimo”, balbuceó quien fuera uno de los más feroces torturadores bajo el mando de Antonio Bussi. A las 13, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Jaime Díaz Gavier hicieron público el veredicto: prisión perpetua como autor mediato de los delitos de violación de domicilio, secuestro y homicidio agravado. Albornoz ya fue condenado en 2010 en el juicio a los represores de la jefatura de policía y este año en la causa Romero Niklison. El juicio tenía otros dos imputados: Luciano Menéndez, fuera de juego por problemas de salud, y Bussi, que falleció la semana pasada.

Mariana Tello dijo sentirse “aliviada”, pero aclaró que su lucha continúa. “Esto no termina aquí, porque voy a seguir adelante por los 30 mil desaparecidos, los chicos que fueron quitados a sus padres y entregados a otras familias”, explicó. Lamentó el arresto domiciliario del condenado y recordó que “era un hombre que se sentía dueño de la vida y de la muerte de las personas”. El fiscal Peralta Palma advirtió que “si Albornoz sigue cumpliendo la pena en su casa, el fallo se vuelve irrisorio, simbólico”. “Creemos que se debe acondicionar el lugar de detención acorde con las necesidades médicas, pero debe estar en la cárcel, porque son delitos de lesa humanidad, graves”, reclamó.