A Alais le llegó el banquillo
La fiscalía reclamó que sean juzgados 22 acusados de crímenes de lesa humanidad, entre ellos un sacerdote y un escribano, por los casos de 97 víctimas que pasaron por ese centro clandestino, en el que recientemente se encontró una fosa común.
Uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del noroeste argentino es el que funcionó desde 1975 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la provincia de Tucumán. El año próximo serán ventilados en la Justicia los crímenes que allí se cometieron durante la dictadura: la fiscalía tucumana pidió la elevación a juicio oral y público de 22 acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 97 víctimas en ese campo de exterminio del Ejército. El requerimiento fue elaborado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, y solicitado ante el juez federal Daniel Bejas, quien analiza si avanza con el juicio. Entre los enjuiciables se destaca el general retirado Ernesto Arturo Alais, que en abril de 1987, cuando era comandante del II Cuerpo, recibió la orden por parte del entonces presidente Raúl Alfonsín de reprimir la sedición de los “carapintadas” en Semana Santa liderada en Campo de Mayo por Aldo Rico, y nunca llegó a destino con su caravana de tanques con la que había salido de Rosario.
También irían al banquillo el sacerdote y ex capellán militar José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, ex integrante de la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), acusado de torturas seguidas de muerte a, por lo menos, dos mujeres, una de ellas embarazada. Benedicto, de 54 años, había sido trasladado de la cárcel común de Villa Urquiza a un hospital privado, tras un supuesto intento de suicidio. Pero a principios de mes se fugó del lugar y actualmente permanece prófugo.
Los otros 19 acusados son los militares Miguel Alfredo Manuel Paz, Camilo Angel Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Augusto Leonardo Neme, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, además del policía Roberto Heriberto Albornoz.
“La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país”, resaltó la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa provincia. También indicó en la acusación “una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el sur de la provincia (Santa Lucía, Caspinchango, Nueva Baviera) a cargo del Regimiento 19 de Infantería, y a la manera en que las personas secuestradas por los imputados y sus subordinados eran trasladadas desde estas localidades al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico”.
La metodología represiva, según los fiscales, incluía “la ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos (...) dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada de manera masiva por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal”. Los acusadores sostuvieron que “quizá lo más relevante sea, a partir de los impactantes hallazgos de fosas comunes, la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas de las víctimas”. Y consideraron demostrado “que se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ello son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos”.
Por último, solicitaron que “se incluya en el debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el CCD (centro clandestino de detención) Arsenal, visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores”.
Ahora el caso está en manos del juez Bejas, que la semana pasada informó del hallazgo de una fosa con restos de desaparecidos dentro del Arsenal. Se trata del segundo tramo del expediente por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. En un primer juicio ya fue condenado a prisión perpetua el entonces jefe de la policía provincial, Roberto “El Tuerto” Albornoz.
La fiscalía reclamó que sean juzgados 22 acusados de crímenes de lesa humanidad, entre ellos un sacerdote y un escribano, por los casos de 97 víctimas que pasaron por ese centro clandestino, en el que recientemente se encontró una fosa común.
Uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del noroeste argentino es el que funcionó desde 1975 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la provincia de Tucumán. El año próximo serán ventilados en la Justicia los crímenes que allí se cometieron durante la dictadura: la fiscalía tucumana pidió la elevación a juicio oral y público de 22 acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 97 víctimas en ese campo de exterminio del Ejército. El requerimiento fue elaborado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, y solicitado ante el juez federal Daniel Bejas, quien analiza si avanza con el juicio. Entre los enjuiciables se destaca el general retirado Ernesto Arturo Alais, que en abril de 1987, cuando era comandante del II Cuerpo, recibió la orden por parte del entonces presidente Raúl Alfonsín de reprimir la sedición de los “carapintadas” en Semana Santa liderada en Campo de Mayo por Aldo Rico, y nunca llegó a destino con su caravana de tanques con la que había salido de Rosario.
También irían al banquillo el sacerdote y ex capellán militar José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, ex integrante de la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), acusado de torturas seguidas de muerte a, por lo menos, dos mujeres, una de ellas embarazada. Benedicto, de 54 años, había sido trasladado de la cárcel común de Villa Urquiza a un hospital privado, tras un supuesto intento de suicidio. Pero a principios de mes se fugó del lugar y actualmente permanece prófugo.
Los otros 19 acusados son los militares Miguel Alfredo Manuel Paz, Camilo Angel Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Augusto Leonardo Neme, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, además del policía Roberto Heriberto Albornoz.
“La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país”, resaltó la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa provincia. También indicó en la acusación “una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el sur de la provincia (Santa Lucía, Caspinchango, Nueva Baviera) a cargo del Regimiento 19 de Infantería, y a la manera en que las personas secuestradas por los imputados y sus subordinados eran trasladadas desde estas localidades al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico”.
La metodología represiva, según los fiscales, incluía “la ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos (...) dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada de manera masiva por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal”. Los acusadores sostuvieron que “quizá lo más relevante sea, a partir de los impactantes hallazgos de fosas comunes, la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas de las víctimas”. Y consideraron demostrado “que se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ello son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos”.
Por último, solicitaron que “se incluya en el debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el CCD (centro clandestino de detención) Arsenal, visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores”.
Ahora el caso está en manos del juez Bejas, que la semana pasada informó del hallazgo de una fosa con restos de desaparecidos dentro del Arsenal. Se trata del segundo tramo del expediente por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. En un primer juicio ya fue condenado a prisión perpetua el entonces jefe de la policía provincial, Roberto “El Tuerto” Albornoz.
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