El genocida Albano Harguindeguy: al banquillo

 El Registro Único de la Verdad elabora “estrategias de comunicación” sobre la causa Harguindeguy

Estará por primera vez en el banquillo de los acusados.

Se juzgará a nueve ex militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas. Pero el aditamento especial en esta causa es que, por primera vez, estará sentado en el banquillo de los acusados el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. En el Registro Único de la Verdad comenzaron las reuniones para elaborar “estrategias de comunicación” para lo que será la etapa previa y durante el proceso judicial.
“Como se hizo con la causa Hospital Militar, vamos a ejecutar programas de concientización para instalar el tema en la sociedad con el fin de que la gente sepa lo que va a pasar durante esos meses”, contó la titular del organismo, Luz Piérola. Con el verano encima y las dificultades que eso implica, la comisión provincial de la Memoria igual ya se reunió el viernes por tercera vez. En esta última ocasión lo hizo con los abogados querellantes de Paraná en el caso: Álvaro Piérola, Marcelo Baridón y Marcelo Boeykens. “La idea es organizarnos con anticipación pese a que en términos judiciales no hay muchas novedades por la feria judicial”, dijo. También habrá prontamente encuentros con los querellantes de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Entre los programas que se ejecutarán están el de “Verdad y Justicia” y el de “Protección de testigos y acompañamiento”, éste último es nacional.
El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a nueve represores por las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y 25 casos de privaciones ilegítimas de libertad y torturas. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. La fecha anunciada para el comienzo de las jornadas orales es el 21 de marzo.
Otro de los juicios anunciados para este año es el que se conoce como causa Área Paraná, en el que se juzgará el accionar de los represores de la costa del Paraná. El proceso se llevará a cabo con los preceptos establecidos en el antiguo Código de Procedimientos en materia penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita. En la causa están procesados los ex militares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
Todos ellos por la desaparición de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna. La asociación Hijos Regional Paraná, cuando presentó el escrito de acusación en la mega causa, introdujo la figura de “desaparición forzada de personas”. La misma responde a una reforma en el Código Penal en mayo pasado. Los querellantes entienden que es válida para ser juzgada. “Se trata de personas cuyos restos no se han encontrado y, por lo tanto, se sigue ejecutando el delito”, explicó oportunamente la abogada representante, María Florencia Amore. Para Osuna, este caso no encuadra, ya que sus restos fueron hallados.
El jefe
Albano Eduardo Harguindeguy fue el ministro político de la dictadura y en ese rol coordinó la actuación de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que ejecutaron el genocidio en todo el país. El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla tenía bajo su órbita los centros clandestinos de detención, tal es el caso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvieron secuestrados y fueron torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos, y el Regimiento de Caballería de Tanques de Concordia, por el que pasaron Solaga y Zalasar. El represor no fue sometido a proceso en el Juicio a las Juntas y luego fue beneficiado por la ley de obediencia debida y el indulto firmado por Carlos Menem.
En 2003, cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad, Harguindeguy reconoció ante la televisión francesa que no estaba arrepentido de su accionar. “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: ‘Nosotros los libramos de ser un país marxista’”.

Sigue en funciones el último juez acusado por delitos en la dictadura

Piden que se acelere el jury contra Pedro Federico Hooft

Ocupa el juzgado en lo Criminal y Correcional Nº 4 de Mar del Plata. Fue considerado por los querellantes como un “engranaje funcional” de los crímenes de lesa humanidad. Reclaman que no se lo deje abandonar el país.
 
Denunciado penalmente por delitos de lesa humanidad y a la espera del juicio político en el Consejo de la Magistratura, el juez Pedro Federico Hooft continúa al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, a pesar de los constantes reclamos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte.
El célebre Hooft es el último juez acusado por graves delitos cometidos durante la última dictadura que continúa en funciones, luego de las renuncias de los camaristas de Mendoza Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra. El marplatense es considerado por la querella de esas causas como “un engranaje funcional, un partícipe necesario, de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del sistema represivo que funcionó en la Subzona 15”.
La permanencia en la justicia de este magistrado es denunciada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, el organismo realizó una presentación ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar que se conforme de manera urgente el jury que debe tratar el pedido de destitución de Hooft y no esperar hasta marzo, cuando los legisladores provinciales vuelven a sus funciones. También reclamaron que no se lo deje salir del país y así evitar un caso similar al del ex camarista Romano, quien se fugó a Chile y realizó un pedido frustrado de asilo político. 
 
El magistrado es recordado por su participación en la Noche de las Corbatas, nombre que adquirió el secuestro en julio de 1977 de once personas, entre ellas seis abogados marplatenses. Por esos hechos, en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le imputó el rol de partícipe en varios hechos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, y en noviembre del año pasado, el fiscal Claudio Kishimoto pidió la citación a indagatoria del juez por la omisión en la tramitación de habeas corpus y de las denuncias iniciadas por privación ilegítima de la libertad en 20 casos.
El nombre del juez Hooft aparecía asociado a la Noche de las Corbatas desde 1984, cuando la sobreviviente Marta García de Candeloro lo nombró en su testimonio ante la CONADEP en el que recordó haber visto al juez en la Seccional Cuarta donde estaba detenida. La mujer, que había pasado por el centro clandestino de detención La Cueva, en la Base Aérea local, le solicitó ayuda al magistrado y este la ignoró, a pesar de que en su juzgado tramitaba un habeas corpus sobre su secuestro y el de su marido, Jorge Caldeloro. Luego lo denunció también en el Juicio a las Juntas y en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.
Hooft está acusado además por hacer “desaparecer” el expediente por el secuestro de Candeloro, documento que después de 30 años fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense entre los expedientes del juzgado de Hooft

Mientras se demora su destitución, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mar del Plata por La Cueva, surgieron nuevas evidencias de la relación estrecha de Hooft con el terrorismo de Estado. “Además de no tramitar los habeas corpus y hacerlos desaparecer, de no agregar los informes que le remitía el coronel Pedro Barda, de no reclamar y reconocer los cuerpos de los abogados que aparecían muertos, de no recibir declaración testimonial a los abogados que eran liberados, tenía comunicación directa con la oficina de Inteligencia de La Cueva, es decir, con los verdugos del Centro Clandestino, y decidía, ayudado por sus cómplices civiles, como el doctor Eduardo Cincotta, quién se salvaba y quién no”, señala una de las últimas denuncias sobre Hooft.
Allí se aportaron testimonios de dos ex soldados de la Base Aérea de Mar del Plata que declararon en el juicio oral donde fue condenado el ex subjefe de la base Gregorio Rafael Molina.
Además de confirmar la realización de los vuelos de la muerte, los conscriptos brindaron información relevante acerca de quiénes eran las personas que operaban en la Base Aérea y en La Cueva, entre ellas el juez Hooft que siempre pedía hablar con Inteligencia. “El testimonio referenciado viene a confirmar lo que se viene sosteniendo y denunciando hace más de 30 años: que Hooft sabía de la existencia de Centros Clandestinos de Detención, que Hooft visitaba los Centros Clandestinos de Detención y que tenía directa vinculación con los civiles partícipes del terrorismo de Estado”, señala la denuncia impulsada por Antonia Acuña de Segarra, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata.

El juez ocultó durante tres años el asesinato de un desaparecido
El expediente perdido que tenía el magistrado

Nicolás Candeloro viajó a Mar del Plata con la certeza de que su hijo Jorge Candeloro y su nuera Marta García habían sido detenidos por la Policía Federal de Neuquén y trasladados allí. El 11 de julio de 1977 interpuso un habeas corpus en el Juzgado en lo Penal Nº 3 de Dolores (con asiento en Mar del Plata) a cargo de Pedro Hooft. Ese mismo día, el juez ordenó librar los oficios para determinar el lugar y los motivos de la detención. Todas las fuerzas de seguridad consultadas respondieron negativamente, salvo el jefe de la Subzona Militar 15, el coronel Alberto Pedro Barda. A pesar de faltar ese informe, el día 29/07/1977 Hooft rechazó el habeas corpus. Más de dos meses y medio después, el 3 de octubre del año 1977, el juez recibió el informe pendiente del Ejército donde le notificaban que Candeloro había fallecido el 28 de Junio de 1977 en un intento de fuga. Hooft recibió el informe pero no lo agregó a la causa y la muerte permaneció oculta tres años, hasta que la familia lo encontró al leer el expediente. En 1984, el habeas corpus es requerido por instancias judiciales donde se investigaba la desaparición de Candeloro pero Hooft informa que el expediente no se encontraba en su juzgado. Veintitrés años después, el expediente original fue encontrado en el archivo de su juzgado con resoluciones firmadas por él posteriores a su “desaparición”.


Por Gerardo Aranguren

Warfi Herrera genocida en Santiago del Estero, escondido como rata en Santa Fé

El ex militar que estuvo prófugo de la Justicia, está acusado de desaparición forzada, torturas y homicidio calificado.
Procesaron a Warfi Herrera por delitos de lesa humanidad

 El juez federal local, Guillermo Molinari, procesó al ex jefe de Policía durante el proceso militar, Ramón Warfi Herrera, por desaparición forzada, torturas, homicidio calificado y asociación ilícita, en perjuicio de más de 10 santiagueños. Estos crímenes que tienen la figura de lesa humanidad, integran los casos investigados en el Grupo Tres de la Megacausa de Derechos Humanos (desapariciones forzadas durante la dictadura).
En el mismo fallo, el magistrado dictó la falta de mérito al represor por los crímenes de Marta Azucena Castillo y Armando Arquetti, decisión que fue apelada por la Fiscalía Federal General y que deberá dirimirse en la Cámara de Apelaciones.
Herrera había sido indagado a fines de diciembre por el juez, tras haber sido localizado en Rosario, Santa Fe, por un grupo especial de búsqueda de represores prófugos. El ex militar se abstuvo de declarar durante la indagatoria, pero escuchó de parte del funcionario judicial los delitos que se le imputan.
Warfi Herrera fue jefe de Policía en la provincia durante el proceso y bajo su mando estaba Musa Azar Curi, jefe de los grupos de tareas represivos que actuaban en la órbita del Departamento de Informaciones Policiales, que también funcionó por esos años como un centro clandestino de detención.
Captura
Si bien Herrera es oriundo de la provincia, se encontraba viviendo en Santa Fe adonde fue capturado por fuerzas especiales y Gendarmería, en un operativo que fue montado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal de Colonia Pinto, en el departamento Robles.
Los casos por los que el ex jefe policial fue procesado son 13: Lídoro Oscar Aragón Navarro, Hugo Arnaldo Vega, Hugo Milcíades Concha, Santiago Augusto Díaz, Dardo Exequiel Arias, Abdala Auad, Roberto Bugatti, Héctor Rubén Carabajal, Daniel Enrique Dicchiara, Mario Alejandro Giribaldi, Miguel Ángel Lema Aguiar, Guillermo Augusto Miguel y Julio César Salomón.

El genocida Colombo, condenado y aún en activo en el ejército, se pasea con total impunidad

Se vio cenar al condenado Colombo en restaurante céntrico

Según trascendió fue en Piègari, un restorán caro de la ciudad de Bs As, en el mes de diciembre. La LADH denuncia lentitud de la justicia federal formoseña, que contradice la política de estado fijada a nivel nacional.

La editorial de la página  en Facebook de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre de Formosa titulada “La construcción de los principios de Memoria, Verdad y Justicia en Formosa, y la mala palabra” se señala la distancia que existe entre el enunciado y los gestos políticos del gobierno nacional con el accionar de la justicia federal formoseña.

En tal sentido, se señala que “esta semana trascendió que el ex gobernador de facto de Formosa, el todavía general Juan Carlos Colombo, cenó en el restaurant Piégari, uno de los mas caros de Buenos Aires con su familia en el mes de diciembre. Recordemos que el anciano delincuente, fue condenado a veinticinco años de prisión por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Formosa, falló que se encuentra firme por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Plácidamente se encontraba en ese restaurant violando las condiciones de su “prisión domiciliaria”.

 “A eso debe agregarse una nueva elevación a juicio del habitué de costosos restaurantes de Buenos Aires, destinada a obstruir nuevos juicios a los represores que asolaron la provincia en los oscuros años 70. Tal elevación se produjo por delitos probados con anterioridad a la primera elevación, lo cual implicaría un juzgamiento en cómodas cuotas”.

Estos hechos, se suman a las denuncias ya conocidas de “sospechosa lentitud” de la fiscalía formoseña que demoró seis meses “en elevar el expediente (de cómputo de pena) al Tribunal de Casación, elevación que se produjo ante el reclamo de querellantes y abogados”. Todavía no se resuelve el pedido de cárcel común a los imputados y al condenado.

Se señala también que, a pesar de los pedidos de la LADH se sigue financiando con dinero público la clandestinidad del prófugo Horacio Rafael Domatto,  y que “no se conoció actividad alguna de la fiscalía respecto de la declaración que compromete gravemente la situación procesal de (Agustín) Echeverría”-oficial de policía provincial- en el caso del supuesto suicidio del conscripto Genes detenido en el Rim 29 acusado de “bailar con una subversiva”; como tampoco de la revocatoria de la Cámara de Casación por unanimidad del sobreseimiento  logrado en primera instancia en dos casos por el ex subjefe de Policía de Formosa.

Y se remarca una situación contradictoria, pues “cuando en el resto del país la política judicial se orienta a la concentración en megacausas de todos los imputados, en Formosa se los va elevando a juicio con cuentagotas y por solo algunos de los cientos de delitos cometidos”. Para concluir afirmando que “va siendo hora que la política nacional de derechos humanos, las disposiciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lleguen a Formosa por vía de la justicia federal, a efectos que los gemidos de los torturados y el silencio de los desaparecidos en la dictadura, no terminen transformando la acción judicial tan solo en una mala palabra”.

Un ex prefecto uruguayo hizo las fotos que prueban los vuelos de la muerte

Las imágenes que la cidh entregó al juez sergio torres
Daniel Rey Piuma retrató los cuerpos que habían llegado a las costas de su país. Está dispuesto a declarar y entregar otros archivos.
 
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  entregara al juez Sergio Torres fotos que pruebas los vuelos de la muerte, el prefecto uruguayo Daniel Rey Piuma confirmó que es el autor de las imágenes de los cuerpos que aparecieron atados y con signos de torturas en las costas orientales. Adelantó que está dispuesto a entregar los archivos completos y a declarar ante los juzgados que lo soliciten.
 
Según las autoridades de la CIDH, las fotos y archivos que entregaron al juez Torres en diciembre formaría parte de los documentos que la CIDH compiló en su visita a la Argentina en septiembre de 1979 durante la última dictadura militar. En una entrevista al periódico La Diaria de Uruguay, Piuma confirmó desde su residencia en Ámsterdam que él fue el autor de las fotografías miembro de Prefectura, que las entregó a la CIDH en 1982 y que en total documentó 26 cuerpos que llegaron a las costas uruguayas presumiblemente arrojados al mar en los vuelos de la muerte.“Era oficialmente planimétrico, el que hace los planos en el lugar de homicidios, pero también era fotógrafo, perito criminal, especialista en abrir toda clase de cerraduras, en detectar drogas. Personal técnico, como en cualquier servicio de inteligencia del mundo”, detalló el ex prefecto, quien en 1980 se fue de Uruguay con la documentación y las fotos y declaró ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Brasil, y luego también lo hizo en Washington, ante la CIDH.
Piuma recordó que luego de algunos hallazgos aislados comenzaron a aparecer cuerpos de manera sistemática, por lo que la Dirección de Inteligencia de Prefectura (Dipre) decidió ocultarlo a la opinión pública. “Durante dos o tres meses viene la corriente de los ríos Uruguay y Paraná que es muy fuerte y traslada todo al Río de la Plata. Uno de los últimos cuerpos que yo registré, en la playa Pocitos, era sólo huesitos. Y entonces terminó mi reporte porque después de eso en la Dipre se planteó que ya era un problema serio porque daba para suponer que había muchísima más gente. En 1979 se encontraron dos cuerpos, uno masculino y otro femenino, a los que les habían quemado las caras con soplete y para eso los milicos no estaban preparados, porque ya no tenían ninguna excusa, y eso se empezó a ocultar a la prensa”, contó y recordó que la Prefectura comprobó en algunos casos que se trató de argentinos, ya fuera por las ropas o porque estaban atados con cuerdas de persianas que en Uruguay no se vendían en ese momento.

Formosa : Financiar la clandestinidad

Tabú es el de la justicia  en los delitos de lesa humanidad. .

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre tuvo que elevar un escrito por denegación o retardo de justicia al no responderle sobre su presentación como querellante en la causa Carrillo. Lo destacable no es el hecho en sí, ya que los organismos de Derechos Humanos en Formosa están acostumbrados a este trato dilatorio por parte de determinados funcionarios judiciales. Lo importante es señalar que la prensa oficial y oficiosa que cubre la información de la mayoría de la ciudadanía formoseña no se hizo eco de esta noticia. Y mucho menos el pedido efectuado por la nueva querella  de cortarle la asignación mensual al prófugo Domatto, por el cual hace años el ejecutivo nacional viene ofreciendo cien mil pesos como recompensa a quien ayude a encontrar su paradero. Que haya funcionarios tan “flexibles” con los prófugos, que hagan la vista gorda permitiendo la financiación de su clandestinidad, es casi como una normalidad en una justicia atravesada por quienes juraron por los estatutos del PRN antes que la Constitución, y añoran in péctore dicha ideología…Pero que en la prensa que consume la gran mayoría de los formoseños, este tipo de noticias no aparezca, y que las oficinas de prensa del gobierno provincial no se hagan eco de esta situación, es también un dato a tener en cuenta. Altamente significativo y elocuente. Pero… de esto no se habla.

REVOCATORIA

Otro tema comentado soto voce, casi sin prensa ha sido  la revocatoria ordenada por la Càmara de Casación Penal  sobre el sobreseimiento dictado por el juez federal Marco Bruno Quinteros a favor del ex subjefe de policía provincial Agustín Echeverría. No es un tema menor, si se tiene en cuenta que el beneficiado por el fallo en primera instancia fue uno de los hombres fuertes de la policía de la gestión reelegida por quinta vez. También debe tenerse en cuenta que el juez que fundamentó el sobreseimiento provisorio de Echeverría, suena como muy probable candidato a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Formosa.  En este marco comentar que el juez no tomó en cuenta la declaración de las mujeres víctimas de vejámenes que reconocieron al oficial como autor y partícipe, tampoco parece prudente por la prensa local, asumiendo el costo de que el día de mañana se pueda asociar el silencio con la complicidad. Lo que sí es cierto, de certeza absoluta, como reafirman los abogados, es que la Cámara de Casación en lo Penal, por unanimidad no estuvo de acuerdo con el juez, y si con las testigos en un tema que constituye política de estado para los tres poderes de la Nación.

Pero, de esto en Formosa, no se habla.

JUJUY: "Estamos buscado a las víctimas"

Las causas de lesa humanidad de Jujuy no "sintonizan" con la política nacional en materia de Derechos Humanos. Es deuda del Estado, a 35 años de la dictadura militar, no avanzar con celeridad con juicios orales y públicos. Son siete las causas elevadas a juicio y solo diez imputados, aunque Fiscalía y querellantes han presentado una lista de 86 imputaciones.

Por Mariana Mamani

¿Cuál es la situación de las causas de lesa humanidad hasta el momento en la provincia?

- Estamos trabajando desde el 2001 en estas causas, ya diez años con un trabajo ininterrumpido. Actualmente trabajando sobre un total de 121 víctimas, de las cuales 72 se encuentra asesinadas, así las consideramos y sus cuerpos siguen ocultos. Tratamos de no referirnos a personas desaparecidas porque las personas no desaparecen. Las personas están, no sabemos dónde, las estamos buscando. En ese sentido este año estuvo trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf).

-El Eeaf estuvo en una etapa de investigación durante el año pasado en los predios de Yala?

-Si realizaron un relevamientoen el cementerio de Yala, trabajaron sobre dos sectores, los cuadros 5 y 6, y retiraron ocho restos óseos, que son para investigar. Es decir, no sabemos si corresponden o no a víctimas del Terrorismo de Estado. Pero bueno de acuerdo al análisis que ellos hicieron, existiría una posibilidad. En ese sentido ellos están trabajando y se verá si los resultados corresponden a nuestras víctimas. Ese es uno de los objetivos de estas investigaciones, que es dar con las víctimas, porque en algún lugar están, hay que buscarlas y esa es la esperanza nuestra y de los familiares y de las víctimas de encontrarlas. Es un derecho fundamental de los familiares de saber qué pasó con sus seres queridos y en ese objetivo estamos trabajando tanto la Fiscalía como los Juzgados Federales Nº1 y Nº2.

-De las causas, ¿cuáles son las que estarían por elevarse a juicio y si el tribunal oral se conforma?

-Tenemos varias causas elevadas a juicio, con respecto a 70 víctimas y con relación de 10 imputados, que están actualmente detenidos. Lo que están esperando familiares y la sociedad toda, es que en el 2012 se lleven a cabo los juicios en el Tribunal Oral con la participación de toda la sociedad, que sean orales y públicos.

- Que Jujuy encuentre sintonía con la política nacional en materia de derechos humanos, que se realicen los juicios orales y públicos a los genocidas...

-El otro día hubo un reclamo de familiares, porque había un riesgo procesal cierto, de que las causas en vez de tramitarse por juicio oral y público que garantice tanto los derechos de los imputados como la participación de la sociedad, se hagan con un procedimiento antiguo, anacrónico, que son juicios escritos. La única causa en el país que tramito por ese código fue la causa “Palomitas”, donde interviene también esta Fiscalía; pero es la única. Y no tiene ningún sustento legal que hoy se tramite esas causas con un procedimiento inquisitivo, escrito, sin participación de la sociedad. Incluso en todo el país son así. Además el “Juicio a las Juntas” se realizó de manera oral y pública. Hoy podemos todos conocer los testimonios de las víctimas y lo que sucedió gracias a esa oralidad y publicidad de ese juicio. Hoy Videla, uno de los principales responsables, sigue siendo juzgado mediante juicios orales y públicos, y no tiene ningún sentido que en Jujuy sea la única provincia que no se puedan hacer. Hay voluntad de los jueces, del Tribunal Oral actual de hacer los juicios y todo depende de la instancia Superior de las resoluciones que adopte la Cámara de Casación Penal sobre estos temas.

 -Esta decisión sería un revés a los organismos de DDHH, a la sociedad...

-Uno al presenciar las audiencias y los testimonios de las víctimas realmente puede tomar verdadera dimensión de lo que fueron los hechos y la represión, el dolor que aun persiste a pesar que han transcurrido más de treinta años; uno escucha los testimonios y dimensiona lo que han sufrido.

- En Tucumán han encontrado una fosa común, importantes hallazgos que esclarecen esta parte de la historia y dan muestra clara de la violación a los derechos humanos y dan luz a la verdad...

-Es un gran trabajo en el famosos Pozo de Vargas, donde hace años que están trabajando los antropólogos. Así también veíamos en un programa televisivo donde una de las víctimas de Vargas Aignasse declaraba, y se veía que en el testimonio de Bussi que decía “que a las víctimas las había liberado”; pero en realidad no las había liberado, en realidad estaban muertas, ocultos sus cuerpos en algún lugar.
Acá en Jujuy también les decían a familiares respecto a sus víctimas que fueron liberados, que estaban fuera del país, distintas versiones. Y a más de 30 años no tienen ningún sustento. Ninguna de las víctimas que hoy mantenemos como desaparecidas consideramos que no están con vida, las consideramos muertas, asesinadas.

-Jujuy tiene la particularidad que los que han orquestado el Terrorismo de Estado, o en cargos de mando no han sido imputados, solo hay imputados de menor rango...

-Esa es una deuda desde la justicia, del Estado, del Ministerio Público del cual formo parte. También y me siento responsable en ese sentido que no se haya avanzado con la mayor celeridad posible que los máximos responsables de estos hechos estén siendo juzgados y se determine la responsabilidad. El principal responsable de los hechos ocurridos en Jujuy fue el coronel Bulacio, que ni siquiera se lo pudo indagar si quiera. Entonces creo que esa es una deuda con la sociedad, con las víctimas. Los que hoy están siendo procesados y están llevados a juicio a excepción de Luciano Benjamín Menéndez que es el único jerarca que está con vida. Los demás son de rango medio, hacia abajo. En total se puede englobar 70 víctimas sobre las cuales se elevo a juicio y 10 imputados sobre las cuales se elevo a juicio.

-Podrían sumarse más imputados?

-Si en realidad nosotros tenemos 86 imputados, pero no todos aun fueron indagados, procesados. Es decir de los 86 imputados que la Fiscalía formuló acusación solo 10 han sido procesados. Hay muchos de ellos que ya están fallecidos tenemos 20 personas imputadas fallecidas

-El paso del tiempo es cruel tanto para víctimas como para imputados?

-Más de 30 años, las personas por la edad cronológica van muriendo y es un reclamo de familiares y la necesidad de llegar a los juicios. Menéndez hasta hace poco podía declarar y viajamos a Tucumán; y hoy ya no, hoy esta con problemas de salud y urge la necesidad de los juicios. Hasta que no terminemos de juzgar a todos aquellos que se consideren responsables y hasta que no encontremos a todas las víctimas creo que la tarea no habrá finalizado. Sin duda en estos 10 años se ha trabajado de manera incesante, pero falta mucho por hacer.

-En cuanto a los responsables civiles y del poder económico se esta avanzado?

-Hay situaciones de personas civiles que han prestado colaboración en estas causas y estamos realizando las investigaciones, porque si han participado con la represión también tienen que ser llevadas a juicio.

Funcionaria judicial es defensora de su padre represor, pero también es integrante de la Cámara de Casación Penal

María Laura Olea es integrante de la Cámara de Casación, actúa como abogada de su padre represor. Una funcionaria judicial que cambia de rol

Su padre, Braulio Olea, fue condenado en 2008 en Neuquén a 25 años de prisión. La situación de María Laura generó una gran revuelo durante el último acuerdo de asación. Se le abrió un sumario que podría terminar con su sanción o el despido.

 Por Irina Hauser

La mujer pasa horas en su despacho. Escribe fallos, le da letra a su jefe, integrante de la Cámara de Casación Penal. Lleva años haciéndolo. Un día reciente se levanta de la silla para moverse hacia otra oficina del mismo tribunal donde hay una audiencia. Con naturalidad, se muda de la función de secretaria al papel de abogada y alega en defensa de su padre, el general de brigada (R) Braulio Olea, condenado en 2008 en Neuquén a 25 años de prisión junto con otros siete represores que estuvieron a cargo del centro clandestino de detención La Escuelita. Luego vuelve a su escritorio. La situación generó un gran revuelo en el último “acuerdo de superintendencia” donde se reúnen los titulares de las cuatro salas de Casación y terminó en la decisión de la presidenta saliente de la cámara, Angela Ledesma, de abrir una investigación sumaria. La jueza planteó que podría haber una violación a las reglas, ya que la empleada no habría estado autorizada a actuar como defensora, pero señaló que la cuestión iría más allá incluso de la discusión sobre su ética y decoro: ¿qué hace un secretario/a del tribunal que tiene que resolver cientos de casos de lesa humanidad (que se supone intenta agilizar) litigando ahí mismo?

María Laura Olea es secretaria en la Cámara de Casación. Fue prosecretaria y actualmente es mano derecha de Eduardo Riggi, de la Sala III, según informaron en el tribunal a Página/12. Riggi es uno de los jueces más antiguos del tribunal. Su nombre sonó mucho en los últimos meses porque se lo investiga en una presunta trama de sobornos destinados a conseguir la libertad de los acusados del asesinato de Mariano Ferreyra y beneficiar a José Pedraza. Dos ex secretarios suyos están citados a indagatoria por ese asunto. A Olea, en rigor, el juez Riggi la autorizó a tomarse una licencia sin goce de sueldo en 2008 para ejercer la defensa de su padre en el juicio oral en Neuquén. Esa decisión fue avalada por los camaristas Liliana Catucci, Juan Fégoli, Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso y Ledesma. Entonces entendieron que si bien el Reglamento de la Justicia Nacional prohíbe a los empleados y funcionarios judiciales ejercer como abogados, existe una excepción, y es cuando quieran hacerlo por causas personales o en representación de familiares directos.

El juicio contra Olea y otros militares en Neuquén fue tres años atrás. Se los acusó y condenó por secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y tormentos, tanto psíquicos como físicos aplicados a las víctimas. La hija del general volvió a su despacho en tribunales. La revisión de la sentencia le tocó a la Sala IV de la Cámara de Casación, que hoy integran Gustavo Hornos y dos jueces nuevos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani (h). A la audiencia recientemente convocada para que las partes expusieran sus argumentos concurrieron los abogados de ambos lados, la secretaria incluida, quien expuso junto a otro defensor, Gerardo Ibáñez. Duró diez horas y allí nadie cuestionó a la mujer. Sin embargo, su aparición no pasó inadvertida y el rumor llegó a otros jueces.

El miércoles pasado, el tema fue planteado en el llamado “acuerdo de superintendencia”. Lo introdujo Ledesma y se sumó Pedro David. La jueza, si bien fue una de las que había habilitado a Olea en 2008 para asumir la defensa, esta vez consideró que debió tramitar una nueva autorización, más aún teniendo en cuenta que es una empleada del mismo tribunal que ahora está revisando la condena de su padre. Catucci dijo que creía recordar que el permiso de años atrás había sido acotado en el tiempo y a su actuación en el tribunal de Neuquén. La resolución no lo definía taxativamente. Hornos, que en su momento se había negado a firmar el permiso, dijo que a pesar de eso había dado por hecho que estaba vigente y no correspondía desautorizar una decisión adoptada por el tribunal.

Ni Hornos ni Catucci ni Raúl Madueño, que participaban de la reunión, quisieron abrir un sumario, pero le plantearon a Ledesma que si lo creía conveniente abriera una “prevención sumaria”, es decir, una suerte de investigación preliminar que allane el camino al sumario propiamente dicho. Y así lo hizo. Ayer ya mandó a pedir a la Sala IV las filmaciones de la audiencia. Olea padre tiene otra causa que está a consideración de Casación, pero en la Sala II, que es la que está promoviendo la agilización de las causas de derechos humanos. En ese expediente no está como abogada la hija.

El sumario contra la secretaria podría terminar en una sanción o hasta en su despido, pero además tiene un valor simbólico agregado en un tribunal que por largos años apañó a los represores y complicó las causas sobre el terrorismo de Estado. Hay un dato, que sería agregado a esta investigación con videos que pueden verse en YouTube, que podría complicar más a Olea: ella habría estado en el escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que impulsó un grupo de hijos de represores (que se autodenominan “Hijos y Nietos de Presos Políticos”) cuando el juez presentaba en la Facultad de Derecho de la UBA su libro sobre el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (Derechos Humanos: Justicia y Reparación).

Los jóvenes acusaron a Lorenzetti de no respetar los derechos humanos de lo represores. El les contestó que con los juicios “no hay marcha atrás” y que tienen todas las garantías que ellos negaron durante la dictadura. Olea, con defensa especial, lo sabe.