La aberrante impunidad : 21 jueces imputados en delitos de lesa humanidad siguen en actividad

Veinticuatro jueces federales, de los cuales veintiuno continúan en actividad, se encuentran imputados en causas que investigan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales (incluidos los del Ministerio Público) que están acusados en distintas causas. Así lo consigna un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el que sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales veintiuno son jueces y ejercen como tales su magisterio, en la Justicia Federal.

El informe será uno de los documentos que el colectivo de abogados y querellantes en causas de lesa humanidad presentará mañana en un acto frente al Palacio de Tribunales para exigir "una profunda autocrítica" del Poder Judicial por su responsabilidad durante el Terrorismo de Estado, cuando la mayoría de los jueces hicieron caso omiso a las denuncias sobre desaparición de personas o bien se limitaron a rechazar los hábeas corpus que inundaban los tribunales del país.

El único funcionario judicial condenado hasta el momento es Víctor Hermes Brusa, auxiliar principal del Juzgado Federal de Santa Fe, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión.

En pleno proceso oral y público se encuentran Luis María Vera Candioti en la causa que investiga su responsabilidad como juez de la justicia penal juvenil de Santa Fe; el juez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez; y el juez de Mendoza Rolando Carrizo.

A treinta y dos años del fin de la dictadura cívico militar, son veintiuna las causas que se encuentran en etapa de instrucción, en las cuales se encuentran imputados, además de jueces, defensores, fiscales y asesores de incapaces.

La provincia de Córdoba, epicentro de la represión -comandada por el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez- es la que cuenta con mayor número de funcionarios judiciales -ocho- que se encuentran imputados en delitos de lesa humanidad. Entre ellos el juez civil y comercial Alberto Bonadero recibió el procesamiento de la Cámara Federal por la apropiación de una hija de desaparecidos, en tanto se encuentra en la Cámara Federal de Córdoba los casos del fiscal Antonio Cornejo, del ex juex Miguel Angel Puga, y de los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina en la causa denominada "la causa de los magistrados".

De los veinticuatro magistrados, renunciaron a sus cargos los ya ex jueces federales Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano, quienes actualmente son enjuiciados en la megacausa Mendoza (donde también está procesado el ex juez y ex camarista Luis Miret).

En el caso de Arturo Liendo Roca, de Santiago del Estero, su causa se encuentra con requerimiento de elevación a juicio

Confirmada la imputación contra ex agentes del Servicio Penitenciario por la fuga de dos represores

Los procesamientos por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público” alcanzan a directivos y agentes que se desempeñaban en el SPF en julio de 2013, cuando se escaparon del Hospital Militar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex miembros del Servicio Penitenciario Federal por la fuga de los represores condenados Gustavo De Marchi y Jorge Olivera del Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013. La sala integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun le encomendó al juez Claudio Bonadio, que instruye la causa, profundizar la pesquisa para determinar “qué personas allegadas efectuaron algún tipo de averiguación respecto de la presencia de De Marchi y Olivera en el Hospital Militar el día de la evasión”. También sostuvieron que el juez debe determinar cuál era la situación de salud de ambos represores y la “modalidad en que se obtuvieron concretamente los turnos médicos”.

Los procesamientos son por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público”. Incluyen a los entonces director principal de Seguridad del SPF, Carlos Rodríguez; director y subdirector de Traslados, Jorge Trska y Alejandro Galeano; jefe de la División de Traslados, Ariel Maciocha; jefes de Sección y responsables de Traslados y Custodia de Hospitales; Diego Gutiérrez y Héctor Alcaraz, director general del Cuerpo Penitenciario, Jorge Cevallos, y agentes que custodiaban ese día a los detenidos.

En el caso de quien era titular del SPF, Víctor Hortel, que fue procesado por Bonadio y acreditó el pago del máximo de multa dispuesta para el delito, la Cámara no se pronunció y le encomendó al juez responder a un planteo de su defensa para que se declare la extinción de la acción penal.

Los camaristas advirtieron que los funcionarios incumplieron las normas que regulan traslados y que “las decisiones que adoptaron incrementaron los riesgos inherentes a la escasez de los recursos humanos con los que contaban”. El día de la fuga “se dispuso un traslado múltiple de once detenidos, sin atender al horario de los turnos en un hospital de grandes dimensiones, permitiendo que la espera del horario de atención se realizara en distintas habitaciones en las que, si bien consecutivas, sus puertas sin llave abren a un pasillo de tránsito común y sin exigir el uso de medidas de sujeción, admitiendo –incluso– la visita de familiares dentro del nosocomio”.

“La falta de Olivera como la de De Marchi no fue conocida sino hasta el mediodía, cuando se pretendió llevar al primero al servicio de dermatología y como consecuencia de su ausencia se pasó lista sobre los internos y se advirtió, también, que el otro tampoco se encontraba entre los presentes”, reconstruyó la Cámara. Ambos represores “no se encontraban asegurados con medidas de sujeción y los custodios no mantuvieron el debido control visual”, añadió el fallo.

La Cámara resaltó que quienes ocupaban cargos jerárquicos “conocían del estado en el que se encontraba en ese tiempo la División Traslados y Custodias relativas a la real escasez de recursos humanos y materiales”. Y remarcó que un año antes el Departamento de Inteligencia había elaborado un informe que ponía en evidencia “el bajo nivel de seguridad adoptado” en el movimiento de “los internos detenidos por delitos de lesa humanidad que concurrían al Hospital Militar Central”.

De Marchi y Olivera fueron condenados a prisión perpetua el 4 de julio de 2013. El 16, por orden del juez Leopoldo Rago Gallo, fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Después, el juez civil Miguel Angel Gálvez autorizó el traslado al Hospital Militar, donde ambos tenían turnos que había gestionado la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, empleada del hospital.

Olivera tuvo a cargo las tareas de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22. Tras la dictadura se recibió de abogado, defendió a Carlos Suárez Mason y participó del levantamiento carapintada de 1987. De Marchi es el hermano del empresario y capitán Juan Carlos De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión.

Abogados de juicios de derechos humanos entregaron un petitorio ante la Corte Suprena

Un reclamo de autocrítica en tribunales

El documento repudia las resoluciones que obstaculizan el juzgamiento a responsables civiles del terrorismo de Estado. Y exige “una profunda” revisión del rol de jueces y funcionarios del Poder Judicial durante la última dictadura. Incidentes en la Corte.

 Por Alejandra Dandan

El cartel peregrino de los juicios a las empresas cómplices de la dictadura esta vez se detuvo en la plaza Lavalle. A las doce y media abogados y abogadas de las causas de lesa humanidad se concentraron para entregar un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El documento repudia las últimas resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento a los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El texto lleva unas 60 firmas de abogados, y está acompañado por firmas de víctimas, querellantes y organizaciones sociales y políticas. También expresa una vuelta simbólica a la calle, un terreno que permite sacar afuera lo que sucede en los tribunales. Los y las abogadas dejaron el texto en la Mesa de Entradas y cuando intentaron pedir una entrevista con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, les salieron al encuentro custodios de la Secretaría General de la Corte.

“Estamos en un punto de inflexión que considero que está poniendo en peligro la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, explicó Hugo Cañón, ex fiscal e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. “Hay un juego de pinzas realizado por los grupos de poder real, me refiero al poder económico, el poder periodístico monopólico y también sectores de la Iglesia que pueden aparecer involucrados y desde ese lugar se busca una vuelta de página para cerrar la historia por caminos diversos, desde una ley de amnistía o terminación de los juicios. Y creo que esto hay que replantearlo porque es una política de Estado que debe darse permanentemente.”

Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad, escuchaba al lado. “A la luz de la última reunión de abogados, se vio una preocupación creciente a raíz de los últimos fallos –dijo–. Sobre todo el fallo de Casación por (el dueño del Ingenio Ledesma Carlos) Blaquier, Papel Prensa, el caso (del director del diario La Nueva Provincia, Vicente) Massot, lo que nos está pasando en Bahía Blanca”, señaló en relación con la decisión de la Justicia local que primero fue contra el juez que abrió el camino para dar los primeros pasos en esa causa que investiga el asesinato de dos trabajadores del diario Nueva Provincia y ahora cuestiona la legitimidad de los fiscales. “Esto formó parte de la agenda de la última reunión de abogados y creo que es legítimo extender a la Corte esta preocupación, que es el lugar al que tenemos que acudir. Las únicas herramientas que hay es golpear las puertas a cada agencia que tiene responsabilidad para asegurar esto que el propio presidente de la Corte dijo que es política de Estado y no tiene vuelta atrás. Si esto es así, es legítimo que los organismos, los abogados que advierten este cambio de escenario, vayan a la Corte a instalar esta preocupación y comprometerlos en su propio discurso.”

El cartel tenía los nombres iconos de algunas de estas demandas. Mercedes Benz, Ford, Astilleros Astarsa. Entre los que se acercaron hubo ex trabajadores de las empresas, víctimas de los secuestros. Estuvo Beinuz Szmukler, titular de la Asociación Argentina de Juristas, que señaló “que se han prendido las alarmas”. También acompañaron Elizabeth Gómez Alcorta, del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia; Carolina Varsky de la Procuración; Ana Oberlín y Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Eduardo Tavani y Victorio Paulón, entre los muchos de la CTA, Genoveva Ares, de la Comisión del Vesubio, Mirta Mántaras, Pablo Llonto, Adriana Taboada y Graciela Rosenblum, Pedro Dinani y José Schulman por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“Los últimos fallos más resonantes, prácticamente la liberación de culpas de personajes siniestros como Massot, Blaquier, la muerte impune de Alcides López Aufranc, muestra la persistencia de una cultura represora que viene de lejos pero se potenció durante el terrorismo de Estado. Creo que durante un tiempo la presión del movimiento popular y la carga del gobierno nacional crearon un clima social que obligó a un Poder Judicial siempre remiso a avanzar en los juicios. Creo que hoy hay una combinación de cambio de humor social y de llegar a un límite en que el poder no admite para nada superarlo. Eso hace que volver a la calle sea el camino jurídico más inteligente que tengamos”, dijo Schulman.

El documento tiene dos partes. La primera vincula el freno a este tipo de juicios con la morfología que persiste en el sistema de justicia. “Impugnamos –dice–, con igual fuerza, a los sectores reaccionarios y antidemocráticos enquistados en el Poder Judicial que intentan frenar el juzgamiento de esos crímenes.” Y exige a la Corte Suprema, “una profunda autocrítica del rol cumplido por los jueces y funcionarios del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, muchos de los cuales nada investigaron y sólo se limitaron a rechazar los miles de hábeas corpus que inundaban los tribunales del país en ese período”.

La segunda parte es programática. La autocrítica debe incluir, señalaron: pedido de perdón y “una investigación sobre el rol del Poder Judicial en la dictadura que concluya en un documento y la identificación de quienes con sus fallos impidieron las investigaciones de los crímenes y ahora alientan la impunidad mediante injustificados dictados de falta de mérito, son reticentes a llamar a indagatoria, requieren de estándares probatorios diferenciales e imponen trabas procesales que imposibilitan el debido juzgamiento de los estamentos del poder económico, judicial, mediático y eclesiástico, que contribuyeron y se beneficiaron con los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas de miles de hombres, mujeres y niños”.

Este último párrafo es un resumen exacto de lo que sucede con las causas. En un documento adjunto, la presentación recuerda que hay 57 integrantes del Poder Judicial investigados en la Justicia, entre ellos jueces, secretarios de juzgados, asesores de menores y fiscales de los cuales 23 están con procesamientos.

Con los papeles en la mano, la cosa siguió en procesión hacia el Palacio. Los abogados intentaron dejar el documento en la Mesa de Entradas planta baja. No los dejaron. Los mandaron al cuarto piso, uno por escalera. Subieron todos. En el estrecho pasillo, cuyas salidas dan a los suntuosos patios de la Corte, les salieron al encuentro tres enormes custodios, de traje de buen corte.

–Yo voy a ir a hablar con el secretario de la Corte –dijo uno–; pero a todos no los va a recibir. Yo les pediría que bajen y se organicen en la planta baja, este lugar está restringido.

–¿¿¡Pero este no es un espacio público!?? –preguntó uno.

–No, y no puede estar acá.

–Perfecto –dijo Mántaras–: que entre el grupo y esperamos acá.

–¡¡Acá no se puede, señora!! –dijeron y se sumaron dos policías.

–¡Es el Palacio de Justicia! –dijo Tavani– ¡Es la primera vez que me entero que es un espacio restringido!

–Esto es por una disposición nueva del doctor Lorenzetti.

En esa Corte, ahora, custodiada como si fuera un signo de los tiempos, los y las abogadas finalmente lograron que un secretario los atendiera. Un grupo entró. Otro bajó. Los que quedaron arriba pidieron la entrevista con Lorenzetti.